La CNMV suma a la Fiscalía al cerco sobre el presidente de Pescanova

Por tierra, mar y aire. El cerco sobre el presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, se sigue estrechando. El último ‘cepo’ lo ha puesto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ya ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción los indicios que obran en su poder sobre la posible comisión de un delito de uso de información privilegiada, castigado con penas de prisión de uno a cuatro años, inhabilitación profesional de dos a cinco años y multa de hasta el triple del beneficio obtenido. Los hechos a los que se refiere son, básicamente, la venta por parte del controvertido empresario del 7% de las acciones que tenía en la multinacional pesquera (1,98 millones de títulos), operaciones que hizo entre diciembre y febrero gracias a disponer presuntamente de información “reservada” sobre su grave situación financiera.

No obstante, la mayoría de esas operaciones se concentraron precisamente en las semanas previas a que Pescanova -cuya deuda real podría superar los 2.700 millones de euros, frente a los casi 1.600 millones reconocidas oficialmente- fuera suspendida de cotización bursátil (el pasado 12 de marzo, tras acumular una caída del 57% entre rumores de posibles irregularidades contables), lo que le permitió lograr un precio entre 2,5 y tres veces superior al actual de la acción (5,91 euros). En concreto, obtuvo 31,5 millones de euros, de los que apenas un tercio (9,3 millones) los destinó a un crédito que el pasado 7 de febrero concedió a la propia compañía con un interés del 5% anual y vencimiento a tres meses.

Aparte del momento elegido para deshacerse de la mitad de su participación en Pescanova, tanto al regulador como a la Fiscalía les resultan “altamente sospechosos” otros datos, según matizan fuentes jurídicas. Por ejemplo, que Fernández de Sousa tardara más de tres meses en comunicar algunas de esas operaciones (en las más reciente, de finales de febrero, la demora fue de mes y medio), pese a tratarse de una participación significativa en una compañía cotizada de la que, además, él es su máximo responsable. Esta aparente vulneración de la Ley de Mercados le podría costar la incoación de un expediente disciplinario, al que se podrían unir hasta dos más: uno por abuso de mercado por las referidas ventas, y otro tanto por el retraso en la presentación de las cuentas de 2012 como por su remisión incompleta.

También se muestran recelosos ambos órganos de que se aprovechara de esa ocultación para mantener de forma ficticia en el consejo una posición accionarial mayor de la que le correspondería conforme a su actual 7,5%, lo que le permitió sacar adelante con una mayoría ajustada (siete votos frente a cinco) decisiones tan polémicas como la revocación del anterior auditor, BDO. En la misma línea, desconfían del hecho de que otros familiares del presidente, a la vez consejeros de Pescanova -su hijo, Pablo Javier Fernández, y su cuñado, Alfonso Paz-Andrade- hayan vendido parte de sus títulos en fechas similares (también lo hizo uno de los bancos acreedores, el Sabadell). Y para guinda, hasta este lunes no se conoció que una firma del propio Fernández de Sousa (la Sociedad Gallega de Importación de Carbones) vendió a principios de enero un paquete de acciones por valor de 364.000 euros, hasta quedarse ahora con un simbólico 0,05%.

Precedente

En Anticorrupción tienen claro el precedente del ahora presidente de Telefónica, que resultó absuelto por el Tribunal Supremo por la prescripción del delito de uso de información privilegiada que se le imputaba, al presentarse la querella correspondiente fuera de plazo. Los jueces, no obstante, sí consideraron entonces "acreditado" que el conocido ejecutivo logró un beneficio presuntamente ilícito de 1,86 millones de euros a través de la compraventa indirecta (mediante un familiar suyo) en 1997 de un paquete de acciones de Tabacalera mientras era el máximo responsable de la misma.

Mientras, prosiguen su marcha -por ahora, lenta- el resto de frentes abiertos. De un lado, las dos querellas (penales) presentadas por sendos grupos de accionistas minoritarios, una en la Audiencia Nacional y otra en los juzgados de Pontevedra -si bien probablemente acabe acumulada con la primera-, contra todo el consejo e incluso la CNMV. De otro, la previsible admisión a trámite del concurso de acreedores solicitado por Pescanova, aunque juez está a la espera de recibir más información y podría cambiar la condición del mismo de voluntario a necesario (o forzoso) si aprecia una responsabilidad directa en el presidente actual; ello provocaría su suspensión temporal de funciones, una posibilidad deseada por parte de los consejeros y la banca acreedora (45 entidades en total) y a la que ahora tampoco se opondría la mayoría de la plantilla.