Santamaría destaca que la Casa Real pasará de cero a cien en transparencia

Soraya Sáenz de Santamaría ha destacado la "buena predisposición" de la Casa Real para ser incluida en la Ley de Transparencia. La vicepresidenta del Gobierno, en conversación informal con periodistas en los pasillos del Congreso, ha asegurado que los contactos entre Moncloa y Zarzuela en esta materia "están prácticamente terminados" y que ahora resta trasladar a los grupos parlamentarios el contenido de esta negociación para intentar alcanzar el máximo consenso.

La número dos del Ejecutivo ha desmentido de manera categórica que las conversaciones con la Casa del Rey incluyan el desarrollo de la ley orgánica (contemplada por el artículo 57. 5 de la Constitución) que aborde aspectos concretos como la posible abdicación del Rey o el aforamiento de los miembros de la Casa Real.

Sin entrar en detalles, Sáenz de Santamaría ha recalcado que en materia de transparencia, la Casa Real y todas las instituciones que se financian básicamente con dinero público pasarán "de cero a cien" con la norma que aborda el Gobierno, que será la más avanzada de la Unión Europea.

Ha recordado que fue el propio Mariano Rajoy quien anunció este paso en el Debate del Estado de la Nación. "Una propuesta que aprobaron todos los grupos salvo PSOE y la Izquierda plural, que se abstuvieron", ha remachado. La vicepresidenta ha indicado que se trata de una norma "muy compleja" jurídicamente y que, en el caso de la Casa del Real "se está buscando el mejor encaje posible".

Ha abundado, al hilo de esta reflexión, que todos los aspectos que se rijan por el derecho administrativo se contemplarán de manera automática en la Ley de Transparencia como, por ejemplo, los gastos de personal de Zarzuela. Más difícil serán, por ejemplo, las partidas que afectan a los miembros de la Casa Real, ya que cuentan con otro estatus constitucional. No son la única excepción. Sáenz de Santamaría ha aclarado que los partidos políticos y sindicatos, para ser incluidos en la Ley de Transparencia, también tendrán que solventar algunos aspectos de la privacidad que les otorga el artículo 7 de la Carta Magna.