La CNMV descubre una nueva argucia del presidente de Pescanova

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que continúa revisando las cuentas anuales de Pescanova en 2012 (presentadas a última hora del lunes) para detectar posibles irregularidades, obligó este martes a su presidente, José Manuel Fernández de Sousa-Faro, a desdecirse de parte de lo que afirmó en la víspera para justificar la venta secreta de la mitad de su participación en la multinacional (un 7%) entre enero y febrero –y una pequeña parte en diciembre–, antes de que su cotización bursátil quedara suspendida el pasado 12 de marzo. El regulador tomó esta decisión después de que el valor de la acción se desplomara hasta los 5,91 euros, un 57% menos de lo que costaba a principios de año, a raíz de que la compañía no presentará las cuentas anuales de 2012 y admitiera divergencias con la auditora.

Una vez revisada la documentación entregada en las últimas horas, la CNMV ha comprobado una nueva argucia del presidente –varios socios de peso se quejaron semanas atrás de la manipulación de algunas notas del consejo enviadas a la propia Comisión para su difusión entre los accionistas minoritarios–, al tratar de hacer ver que los 31,5 millones de euros que obtuvo en esas ventas (de un total de 1,98 millones de títulos) los prestó luego a la compañía. La realidad es que el pasado 7 de febrero le dio un único crédito por apenas un tercio de esa cantidad (9,3 millones) a un interés del 5% anual y con vencimiento a tres meses, del que además solo informó dos meses y medio después pese a ser una compañía cotizada y él su máximo responsable.

Está dinámica de ocultación en la que parece envuelta la actual dirección de Pescanova –la deuda real, aún pendiente de auditar, rondaría los 2.700 millones, cuando la declarada oficialmente apenas llega a los 1.600– ha llevado a la banca acreedora a tomar la decisión de pedir su relevo en el cargo, una vez que el concurso de acreedores de Pescanova sea admitido a trámite por los juzgados de lo mercantil de Pontevedra. De hecho, cuando se designe al administrador judicial le harán llegar su voluntad de aceptar una renegociación de los créditos que mantienen con la multinacional, e incluso de conceder alguno nuevo –la empresa necesita entre 50 y 60 millones de euros a la mayor brevedad posible ante los “graves” problemas de liquidez que ya empieza a acusar-, pero siempre que Fernández de Sousa sea removido de sus funciones actuales como ‘número uno’ con carácter ejecutivo.

A su vez, parte de los principales socios -como la cervecera Damm (que controla el 6,2% del capital), el fondo luxemburgués Luxempart (5,8%) y el fondo de capital riesgo Iberfomento (3,4%)- sopesan presentar una querella penal contra el aún presidente por la presunta comisión de los delitos de estafa, fraude y uso de información privilegiada –otra querella similar de los accionistas minoritarios ya está en manos del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, para decidir sobre su admisión-. Asimismo, pretenden presentar una demanda civil para solicitar la anulación de los últimos consejos de Pescanova, por haber falseado Fernández de Sousa su representatividad real (del 7,4% en vez del 14,4% que esgrimía) en el accionariado a fin de mantener mayores derechos de voto de los que realmente le hubieran correspondido desde finales de febrero.