El presidente de Pescanova ocultó la venta de la mitad de sus acciones (el 7%) antes de suspenderse el valor

Apenas unas horas antes de que expirase el último plazo dado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para la presentación de las cuentas de 2012, y con una investigación ya abierta por posible «abuso de mercado» -por posibles ventas interesadas de acciones en los días previas a la suspensión de cotización, el pasado 12 de marzo-, el presidente de la compañía, Manuel Fernández de Sousa-Faro, admitió este lunes que en las semanas previas a esa paralización bursátil vendió hasta la mitad de sus acciones, es decir, el 7% del capital.

La enajenación de ese importante paquete de títulos -el segundo accionista de la empresa, la cervecera Damm, solo llega al 6,2%- se produjo con absoluto sigilo en los meses de diciembre, enero y febrero. Ni siquiera informó al propio regulador pese a que los titulares de participaciones de peso en las sociedades cotizadas -como su caso, al tratarse del primer socio, condición que mantiene con su 7,45% restante- están obligados a comunicar cualquier cambio en dicha situación.

Pero no fue hasta este lunes cuando lo declaró a la CNMV -sin tampoco prodigarse en demasiados detalles-, lamentando incluso que aquellas ventas le hubieran generado «importantes pérdidas». Sin embargo, fuentes del mercado estiman que pudo ingresar alrededor de 30 millones de euros por sus títulos, puesto que el valor de la acción en esos tres meses osciló entre 13,66 (principios de diciembre)y los 17,40 euros (finales de febrero), es decir, entre 2,3 y 3 veces más que la cifra en que ha quedado congelada (5,91 euros), dejando con ello atrapados a cientos de pequeños accionistas.

La versión de Fernández de Sousa-Faro, que deberá verificar ahora el regulador para decidir si le abre un expediente sancionador por posible uso de información privilegiada (sobre las cuentas de la empresa) que desconocían el resto de socios, añade un elemento más algo rocambolesco. Sostiene que el dinero que obtuvo -él habla de «patrimonio»- con esas operaciones -la venta de 1,98 millones de títulos mediante sus sociedades Inverpesca y Desarrollo y Control- lo puso «a disposición» de la propia Pescanova en forma de préstamos a principios de febrero -no especifica en qué condiciones-, a fin de «resolver problemas urgentes de liquidez».

Prendientes de la CNMV

No será esa la única decisión que deba tomar la Comisión en los próximos días, dado que aunque los responsables de Pescanova tenían previsto mandarle el balance contable de 2012 antes de la medianoche pasada, parece poco probable que haya sido firmado por todos los miembros del consejo, como exige el regulador. Y es que ya en la última reunión del órgano de administración quedó patente la división existente en su seno: siete consejeros (incluido el presidente) apoyan la postura oficialista, tachada de «huida hacia delante» por los cinco opositores (con el presidente de Damm, Demetrio Carceller, a la cabeza).

De aquella reunión, el pasado día 4, salieron dos decisiones. La primera, presentar el concurso voluntario de acreedores, se materializó también este lunes en los juzgados de lo mercantil de Pontevedra. Una vez sea admita y se nombre un administrador judicial, éste intentará promover un nuevo acuerdo con los acreedores (los principales, bancos). La deuda reconocida es de 1.600 millones de euros, pero junto a la real y oculta hasta ahora superaría los 2.700 millones. Eso es lo que tenía que haber aclarado el anterior auditor, BDO, que ha revelado que la compañía fue eludiendo darle información valiosa para su trabajo.

En una nota enviada a la CNMV, la citada firma niega que existan motivos objetivos para despedirla, en contra de lo que decidió el consejo por una mayoría apurada. En consecuencia, muestra su “voluntad de continuar” con la revisión de las cuentas anuales de 2012 -respecto a las que Pescanova precisamente acaba de contratar como auditor forense a KPMG-, para lo que reiteran “la necesidad” de que le faciliten los medios necesarios y, “en particular”, entreguen “ a la mayor urgencia” la información ya requerida semanas atrás.