El Gobierno obligará a retirar la publicidad de las webs de descarga ilegal

El Gobierno trata de combatir la piratería de una manera más eficaz, endureciendo las sanciones de las páginas que vulneren los derechos de autor, y de forma más rápida, agilizando el proceso de denuncia de contenidos que incumplan la normativa. Así se recoge en el anteproyecto de reforma de la Propiedad Intelectual aprobado este viernes por el Consejo de Ministros

Ante el lento proceso administrativo para resolver las denuncias de vulneración de derechos de autor, el Ejecutivo cambia de estrategia y se centra en la asfixia económica de las páginas de descargas ilegales. Para empezar se endurecen las sanciones, que oscilarán entre los 30.000 y 300.000 euros. Pero además, la normativa tratará de eliminar la publicidad de estas webs. “Se puede forzar la prohibición de incluir publicidad en este tipo de servicios”, ha asegurado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert.

El anteproyecto también pone en el punto de mira a las páginas de enlace que “de manera activa” contribuyan a facilitar el acceso a las webs de descargas ilegales. Estas páginas podrán ser denunciadas y cerradas. Sin embargo, quedan exentas de esta medida los motores de búsqueda como Google porque “no actúan de manera maliciosa”.

El anteproyecto también limita el concepto de copia privada para adecuarla a la jurisprudencia europea. De esta forma solo se considerará copia privada la duplicación sin fines comerciales ni lucrativos de los CD y DVD. Las descargas legales se tendrán la consideración de copia licenciada (con derechos de autor).

Wert también ha explicado que la normativa reforzará la “transparencia, control y vigilancia de las entidades de gestión”. Es decir, tendrán que cumplir con un catálogo de obligaciones para con las administraciones públicas y sus asociados, como por ejemplo, difundir sus tarifas. El incumplimiento de este catálogo conllevará una sanción que podría llegar hasta el 2% de los beneficios de la entidad del ejercicio anterior.

Con la aprobación del anteproyecto en el Consejo de Ministros se abre un periodo de debate con las entidades de gestión y las comunidades autónomas. El objetivo del departamento de José Ignacio Wert es que la ley quede aprobada en el Parlamento a final de año.