Marruecos rebate a MSF y defiende su política migratoria

El Gobierno marroquí ha defendido su política hacia los inmigrantes subsaharianos y ha rebatido el informe presentado el pasado miércoles por la organización Médicos sin Fronteras (MSF).

Según el Ministerio del Interior, citado por la MAP, MSF ocultó los esfuerzos llevados a cabo por las autoridades marroquíes en materia de protección de víctimas, especialmente operaciones de envergadura de "retorno voluntario de inmigrantes sacados de redes de tráfico de personas". En su informe, MSF asegura que "estas redes actúan con total impunidad porque saben que sus víctimas son consideras como ilegales o criminales por parte del Estado marroquí y no van a recibir protección alguna".

MSF relata también "el clima de violencia criminal e institucional -por parte de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos y España- y la extrema precariedad" en la que sobreviven miles de inmigrantes, durmiendo en bosques y casas abandonadas durante meses o años.

Según ha indicado el ministerio, los "inmigrantes se benefician de la totalidad de sus derechos, de la misma firma que lo hacen los nacionales". Asimismo, señala que "MSF oculta el compromiso de las autoridades marroquíes para que no se produzcan expulsiones de inmigrantes vulnerables, de mujeres embarazadas, de menores, de refugiados y los solicitantes de asilo en el marco de las disposiciones legales en vigor".

Expulsión de mujeres embarazadas

MSF, que decidió cerrar sus proyectos en Marruecos, país en el que ha trabajado desde 1997, asegura en su informe que son testigos del incremento de las redadas policiales y de las expulsiones a Argelia de los detenidos, entre los que se encuentran mujeres embarazadas y menores, que sufren una total desprotección.

La organización apunta que, según la ley, está prohibido expulsar a menores y mujeres embarazadas, y además ningún extranjero puede ser trasladado a un país en el que su vida esté amenazada". Para la organización la expulsión de personas enfermas o con heridas a una zona desértica que separa Marruecos de Argelia supone una amenaza para su vida.

Según MSF, en 2012 más de 6.000 personas fueron expulsadas, entre ellas 93 mujeres, 18 de ellas embarazadas, 45 menores y 35 niños, y hubo más de 500 personas necesitadas de atención médica por heridas asociadas a la violencia.

Pese a las constantes denuncias de organizaciones de derechos humanos, el ministerio indica que la reconducción de los inmigrantes a la frontera "es un acto legal con todas las garantías jurídicas conforme a la ley, los textos reglamentarios y los decretos de aplicación".