Hasta 27 años de cárcel por forzar a menores a prostituirse y robar

La Audiencia de Las Palmas decidirá en las próximas horas sobre la nulidad o no del sumario contra los 25 acusados de formar parte de una banda criminal, integrada en su mayoría por rumanos, que obligaba a chicas menores de edad a prostituirse y a chicos, también menores, a robar.

Así lo ha informado hoy el presidente del tribunal, Miguel Ángel Parramón, tras escuchar la solicitud de nulidad de las actuaciones formulada por las defensas de los acusados, que se enfrentan a penas de entre seis meses y 27años de prisión por la actividad delictiva llevada a cabo en Gran Canaria, especialmente en el sur de la isla, y en Lanzarote, entre los años 2003 y 2005.

El tribunal dará a conocer mañana su posición sobre las peticiones formuladas por las defensas y la acusación en las cuestiones previas para la celebración del juicio, previsto desarrollarse en varias sesiones a lo largo de esta semana y el próximo lunes, y para las que se han citado a más de sesenta testigos, algunos de ellos protegidos.

De los 25 acusados que figuran en la causa, tres están aún en busca y captura y otros tres no se han presentado hoy, por lo que la fiscal ha reclamado que se dicte orden de busca y captura también contra ellos, en concreto contra Aurel Racila, Alexandru Reman y Vasile Elek.

Según la fiscal, Aurel Racila y Alexandru Reman eran los cabecillas de la banda y facilitaban los billetes de avión u otro medio de transporte a chicas y chicos rumanos, a los que también conseguía alojamiento y después obligaban, en el caso de las mujeres, a ejercer la prostitución, y en el de los hombres, a sustraer toda clase de productos, especialmente perfumes, botellas de alcohol, ropa y pequeños aparatos de electrónica en domicilios particulares y comercios.

En el caso de Vasile Elek, este se enfrenta a la mayor pena pedida por la acusación, 27años de cárcel por tres delitos de prostitución de menores, uno de robo con fuerza y tres de receptación. Las defensas entienden, entre otras cuestiones, que las actuaciones han sido nulas porque no existió petición de apertura del juicio oral por parte del Ministerio Público, y porque además se se ha vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones y a la tutela judicial efectiva, y ha habido dilaciones indebidas y prescripción de delito.

La fiscal solo reconoce como atenuante las dilaciones indebidas que reclaman los letrados porque ha tardado casi diez años en celebrarse la causa, desde que se iniciaran las primeras actuaciones en agosto de 2003, y ha rechazado el resto de las peticiones de las defensas por entender que se ha cumplido con todas las garantías procesales.

Según la acusación, los chicos eran traídos desde Rumanía por Reman, quien utilizaba para los robos generalmente a jóvenes con aspecto aniñado o menores porque si eran detenidos podrían quedar casi de inmediato en libertad. Los objetos robados eran vendidos a la comunidad rumana en Gran Canaria y Lanzarote, o bien eran llevados y vendidos en Rumanía, según la acusación.