Una nueva ley antidopaje por Madrid 2020

En pleno juicio de la ‘operación Puerto’ y, a solo diez días de la visita a la capital de España de la Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional (COI), el Gobierno aprobó este viernes el proyecto de una nueva ley contra el consumo y el tráfico de sustancias prohibidas que se adapta a las exigencias de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y se considera clave para reforzar la candidatura de Madrid 2020. «Con esta ley desaparecerá la impresión del presidente de la AMA y de otras autoridades de escasa contundencia de la legislación española contra el dopaje», aseguró el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, convencido de que la nueva normativa, que no entrará en vigor hasta al menos dentro de tres meses, «será muy positiva para Madrid 2020».

La futura ley antidopaje de 2013 reformará la de finales de 2006 aprobada tras estallar la mayor trama de dopaje descubierta en España (’operación Puerto’), que, aunque continuará sin castigar penalmente a los deportistas tramposos, endurecerá las sanciones económicas, con multas de hasta 400.000 euros para el entorno de los implicados en consumo de productos dopantes. También mantiene que no se podrán realizar controles antidopaje entre las 23.00 y las 06.00 horas del día siguiente para preservar los derechos fundamentales del deportista, aunque sí se autorizarán dichos análisis «en casos excepcionales, que deberán estar motivados y explicados al deportista en cuestión». «Esta ley tiene como objetivo fundamental proteger la salud del deportista e incrementar la firmeza contra el dopaje», destacó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

También se concederá una «amplia independencia» a la Agencia Estatal Antidopaje, que cambiará su nombre por el de Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, y cuya presidenta, Ana Muñoz, reconoció la víspera que «actualmente la imagen de España en la lucha contra el dopaje no es buena». «Las exigencias del Código Mundial Antidopaje son ahora más severas y ello explica la necesidad de contar con este nuevo instrumento legislativo», reconoció José Ignacio Wert, que insistió en que «no se hace esta ley porque venga próximamente la Comisión de Evaluación del COI, ya que las leyes no se hacen para los siguientes 15 días, sino para 15 años, pero sí será extraordinariamente importante su ayuda a la candidatura».

El consumo, sin castigo penal

«Es obvio que para las anteriores candidaturas olímpicas de Madrid, 2012 y 2016, por parte de algunos se puso en cuestión el rigor y la exigencia en la lucha antidopaje», reconoció el ministro de Educación, quien recordó que durante el anterior Gobierno socialista «ya estuvo sobre la mesa un nuevo proyecto de ley ‘antidoping’, ya que la de hace siete años es anterior a la entrada en vigor del Código Mundial Antidopaje». El entorno del deportista (médicos y técnicos) podrá ser castigado, como en la actualidad, con penas de cárcel, aunque ello no afecta, como es sabido, a los imputados en la ‘operación Puerto’ encabezados por el doctor Eufemiano Fuentes, que son juzgados por un delito contra la salud pública, ya que cuando se descubrió dicha trama no existía el de dopaje.

José Ignacio Wert justificó la necesidad de perseguir penalmente a quienes inciten al consumo de productos prohibidos o faciliten drogas a los deportistas, pero no sancionar a las supuestas ‘víctimas’. «No se ha considerado que el comportamiento del deportista merezca reproche penal. El consumo de sustancias dopantes en el deporte tiene un tratamiento similar al consumo de drogas. Este es el principio dominante en Europa, aunque en Francia sí es delictivo el consumo», subrayó el ministro en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que también se destacó que la nueva agencia de protección de la salud, «con amplia independencia», gozará de mayores competencias en materia antidopaje. También se creará el Tribunal Arbitral del Deporte, que sustituirá al Comité Español de Disciplina Deportiva (CEDD), con una sección especializa en ‘doping’. «Sus sentencias no podrán ser recurridas ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) -con sede en Lausana (Suiza)-, pero solo afectará a deportistas y competiciones nacionales», subraya el proyecto que será remitido a las Cortes.