La crisis no justifica quitar la extra con efectos retroactivos

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha planteado una cuestión de constitucionalidad al entender que pudiera ser ilegal la supresión de la paga extra, con efectos retroactivos, al persona laboral del sector público, unas 800.000 personas.

Los magistrados piden al Tribunal Constitucional que resuelva si el decreto del Gobierno que supuso la supresión de la extra impide aplicar las normas con efecto retroactivo.

La Sala de lo Social recuerda que la norma que suprimía esa remuneración entró en vigor el 15 de julio, con lo que había 14 días que ya se había devengado, puesto que el 30 de junio se había pagado la extra del primer semestre.

Los magistrados argumentan que ya se había generado el derecho a la parte proporcional a dos semanas de trabajo y se había incorporado "al acervo patrimonial" de los trabajadores, así que no podía eliminarse ese derecho con efecto retroactivo desde el 1 de julio, según los jueces. La medida afecta al personal del sector público, no a los funcionarios, que fueron quienes recurrieron.

La sala han señalado que "vivimos una situación altamente inquietante y de dimensiones extraordinarias, que probablemente justifique medidas restrictivas de derechos como a aquellas a las que venimos asistiendo en los últimos tiempos, pero que no abre la puerta, sin más, a que esas restricciones operen de modo retroactivo".