El Gobierno acude al TC para anular la declaración catalana de soberanía

El Consejo de Ministros ha dado este viernes orden a la Abogacía del Estado para que impugne ante el Tribunal Constitucional la declaración de soberanía aprobada en enero por el Parlamento de Cataluña y pida su nulidad por violar varios artículos troncales de la Carta Magna y porque considera que no es una simple declaración de intenciones sino un texto que produce "efectos jurídicos". La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sánez de Santamaría, ha subrayado, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la obligación del Ejecutivo es "cumplir y hacer cumplir las leyes".

El Gobierno ha tomado la decisión solo unas horas después de recibir un dictamen del Consejo de Estado que confirmó el informe previo de la Abogacía del Estado en el que se concluía que la resolución parlamentaria violaba numerosas disposiciones constitucionales, por lo que había motivos bastantes para impugnarla ante el Constitucional.

Los estudios jurídicos en manos del Ejecutivo señalan que la declaración viola los artículos de la Carta Magna consagran que la soberanía reside en el pueblo español en su conjunto, la unidad indivisible de la nación y la obligación de todas las administraciones de estar sujetas a los mandatos de las leyes y la Constitución, además de vulnerar el sistema de reforma agravada de la ley fundamental, que es el único procedimiento válido para cambiarla.

Los informes niegan que se trate de una simple declaración de intenciones. Dicen que es un texto con efectos jurídicos que debe ser anulado porque declara a Cataluña como sujeto político soberano e inicia un procedimiento que mandata a las instituciones autonómicas a poner en marcha mecanismos hacia el ejercicio del derecho de autodeterminación.

La formalización de la impugnación supondrá la suspensión inmediata de la declaración y de cualquiera de sus efectos durante cinco meses, plazo tras el cual el Constitucional deberá decidir si mantiene o levanta la medida cautelar en el caso de que aún no haya resuelto sobre el fondo del asunto.

Aún con todo, Sáenz de Santamaría ha asegurado que el Ejecutivo "quiere mantener y mantiene" la lealtad institucional y el diálogo con todas las administraciones y "muy especialmente con la Generalitat" catalana pero le ha pedido que entienda tiene que "hacer cumplir las leyes".