El defensor del Pueblo ve insuficientes las medidas contra los desahucios

Los problemas económicos y financieros derivados de la crisis fueron los grandes protagonistas de las quejas remitidas por los ciudadanos a la Oficina del Defensor del Pueblo durante 2012. Asi lo ha desvelado esta mañana la responsable de esta institución, Soledad Becerril, tras la entrega en el Congreso de su informe anual.

Según ha señalado Becerril, las principales actuaciones de la institución en el ámbito económico persiguieron reforzar la protección de los deudores hipotecarios y de los pequeños ahorradores. En relación a los desahucios la institución han presentado una serie de recomendaciones que en varios casos han sido recogidas por la Administración central. En opinión de Becerril, las actuaciones emprendidas por el Gobierno hasta el momento son positivas aunque insuficientes debido a limitaciones que hay para su efectiva aplicación.

El Defensor del Pueblo también investigó las críticas ciudadanas por la insuficiente transparencia de las entidades financieras. En concreto destacaron las quejas acerca de la comercialización de participaciones preferentes y deuda subordinada sin la debida información a los pequeños ahorradores. Para evitar que se repitan estos casos, la institución recomienda otorgar mayores competencias a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de cara a proteger a los inversores y a ello suma la necesidad de compensar a los perjudicados por estos productos financieros.

La Sanidad es otro de los ámbitos donde se intesificó la labor de la Oficina del Defensor del Pueblo. Los escritos que le dirigieron los ciudadanos tienen que ver con la reducción de prestaciones sanitarias, la financiación de los medicamentos, la supresión de centros de urgencia de atención primaria o la insuficiente dotación de personal sanitario.

Según ha destacado Becerril, la crisis ha llevado a los ciudadanos a ser cada día más exigentes con las administraciones y más conscientes de sus derechos y de la pérdida de servicios que con anterioridad venían recibiendo.

El Defensor el Pueblo tramitó el año pasado 280.592 expedientes. De ellos 246.743 fueron solicitudes para imponer un recurso de inconstitucionalidad, 33478 quejas y 371 investigaciones de oficio.