El fiscal ve fraude en los presuntos pagos B de Arturo Fernández

La Fiscalía de Madrid ve "indicios de delito" contra la Hacienda Pública, fraude e incluso puede que contra el derecho de los trabajadores en los presuntos pagos en negro a algunos de los empleados del Grupo Cantoblanco, propiedad del presidente de la CEIM y vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández. "Se investigarán todos los delitos", han recalcado a Europa Press fuentes de la Fiscalía de Madrid, que la semana pasada acordó abrir diligencias de investigación para averiguar los hechos denunciados a la Cadena Ser por varios de los empleados de este grupo, que tiene las contratas de las cafeterías del Congreso de los Diputados o la Asamblea de Madrid, que aseguraban que las horas extra, así como los complementos por cargos de responsabilidad, se retribuyen de forma habitual en dinero negro.

Este mismo lunes, el fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, se comprometió en una reunión que mantuvo con representantes de CC OO a llegar "hasta el fondo" para investigar los supuestos pagos irregulares en esta empresas. Tras conocer estas denuncias, Fernández se mostró sorprendido y "muy preocupado" y anunció una auditoria interna y una Inspección de Trabajo en la empresa para analizar estas posibles irregularidades. Además, un juez de Madrid investiga a Fernández por un presunto delito de falsedad documental en la contabilidad de este grupo. Esta causa se archivó el pasado noviembre, pero se ha reabierto a instancias de un recurso del Ministerio Público.

Por otra parte, el informe que encargó la semana pasada el presidente del Congreso, Jesús Posada, a los servicios jurídicos de la Cámara sobre la contrata que tiene adjudicada el grupo Arturo Cantoblanco no ha detectado ninguna irregularidad. "No se ha detectado ninguna actuación fuera de la ley. El estudio concluye que aquí se ha actuado con plena normalidad y que en el pasado también ha habido absoluta normalidad", ha afirmado Posada, tras repartir el informe a los miembros de la Mesa. Sin embargo, pese a que, según ha insistido el presidente del Congreso, la empresa del vicepresidente de la CEOE ha actuado "con absoluta normalidad" tanto en el presente como en el pasado, el órgano de dirección del Congreso ha decidido sacar a concurso el contrato de restauración.