El juez reclama a Urdangarin un listado con sus bienes para empezar el embargo

El juez José Castro inicia los trámites para embargar a Iñaki Urdangarin y Diego Torres. Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, el "Juzgado de Instruccion numero 3 de Palma, tras constatar que la fianza de responsabilidad civil impuesta a Iñaki Urdangarin y Diego Torres de 8,18 millones de euros no ha sido abonada en el plazo legalmente establecido, proveera en los proximos dias un requerimiento personal a ambos para que presenten ante el Juzgado una relacion de bienes (inmuebles, activos en sociedades, participaciones, acciones en empresas...) con los que poder responder a dicha fianza, a efectos de que sean embargados".

El requerimiento a los dos imputados es el primer paso de un largo proceso que también incluirá la consulta a la Agencia Tributaria de los bienes que tienen Torres, Urdangarin y las sociedades de ambos. En principio, el duque posee un importante patrimonio embargable. Por lo pronto, el palacete de Pedralbes, en Barcelona, adquirido en 2004 por seis millones de euros. Ese mismo año, el matrimonio compró dos pisos, dos plazas de garaje y un trastero en un edificio de Palma por los que pagaron 450.000 euros. Todos figuran a nombre de Aizoon, la empresa que poseen a medias la hija del rey y Urdangarin.

En 2007, Aizoon compró también una vivienda en Tarrasa (Barcelona) por 250.000 euros. Además, poseen otros tres inmuebles desde 2003 en la calle Marqués de Fontsanta de Palma, adquiridos en 2003 por 620.000 euros y que están a nombre de Nóos Consultoría Estratégica S. L.

Poco antes de que se cumpliera el plazo límite para depositar la fianza, el letrado del duque, Mario Pascual Vives, recurrió la millonaria caución. Vives, hasta ahora muy moderado, sacó toda su munición para atacar al juez, al que acusó de la vulneración continua de los derechos fundamentales del yerno del Rey, entre ellos los de defensa y tutela judicial efectiva, amagando con llegar al Tribunal Constitucional para lograr la nulidad de la instrucción del 'caso Nóos'.