El Estado reduce casi a la mitad su aportación a la Dependencia desde 2009

“La ley de Dependencia se encuentra en una fase de retroceso y demolición”. Así de tajante se ha mostrado este jueves el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, durante la presentación del informe sobre el desarrollo de esta normativa. En el estudio denuncian recortes presupuestarios de 850 millones de euros, el aumento del plazo para recibir la prestación superior a dos años y una disminución en la lista de espera de beneficiarios debido a la falta de reposición tras los fallecimientos y los cambios de baremos.

Una de las principales denuncias recogidas en el informe tiene que ver con la financiación. "El estado ha decidido retirarse de esta ley", ha lamentado Ramírez. Y es que la aportación del Gobierno central se ha reducido casi a la mitad en cuatro años. Ha pasado de un 39,2% en 2009 a un 21,4%. Esta importante reducción ha tenido que ser asumida por las comunidades autónomas, que han pasado de aportar un 50,8% en 2009 a un 62,6% en 2012, y los propios usuarios a través de un copago que ya supone un 16% de la financiación de la normativa, cuando en 2009 era solo un 10%.

Otra de las polémicas tiene que ver con el denominado 'limbo de la Dependencia', es decir, la lista de espera de los beneficiarios. El Gobierno anunció hace unas semanas que los dependientes con derecho a una prestación económica que todavía no la habían recibido se redujo seis puntos porcentuales en 2012. Pasó de un 29% a un 23%, es decir, 230.000 personas que permanecen en la lista de espera. Sin embargo, según ha denunciado Ramírez esta disminución se debe a la eliminación de algunas subdivisiones de los grados de dependencia. El Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales afirmó en su momento, que este cambio obedecía a motivos de simplificación para mejorar la gestión. Desde esta asociación aseguran que con ese cambio muchos caso pasaron a contemplarse como moderados y, por tanto, retrasadas las ayudas hasta 2015. “Es un espejismo estadístico producido por las personas que perdieron el derecho a ser atendidos”, ha afirmado Ramírez.

Esa fue una de las modificaciones a las que han seguido otras. En su opinión, el decreto aprobado por el Gobierno en julio supuso la «demolición controlada de la propia ley». Y ha puesto como ejemplo el pago de las cuotas a la seguridad social de los cuidadores familiares. El Ministerio de Sanidad se encargaba de abonar esas cotizaciones, pero con el decreto dejó de hacerlo. De esta forma se ha dejado sin cotización a la seguridad social en el convenio especial a 146.000 cuidadores.

El estudio también pone en valor la repercusión productiva de la normativa. “Gracias a esta ley se han creado 200.000 puestos de trabajo”, ha asegurado Ramírez. Según sus datos, por cada millón de euros invertidos en Dependencia se generan 30 puestos de trabajo «estables y no deslocalizables».