La reunión entre Wert y las CCAA termina sin acuerdo

Era lo esperado. La reunión entre Wert y las CC AA ha terminado sin acuerdo sobre la reforma educativa. En ello ha tenido mucho que ver que, según ha explicado la consejera andaluza de Educación, que el ministerio ha mantenido la propuesta "sin variar una coma".

Con esa sensación ha empezado y terminado la conferencia sectorial de este miércoles en torno al borrador definitivo del Anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) del Gobierno. A la reunión no asistió la consejera catalana Irene Rigau, sino la secretaria general de Enseñanza, María Jesús Mier.

La oposición de algunas comunidades al modelo lingüístico, la alternativa a la asignatura de Religión, o la financiación de los centros privados, no parece suficiente para que el ministerio retroceda en sus planes. Sin embargo, la mayoría de comunidades han planteado diversas propuestas. La consejera valenciana, María José Catalá, desveló la intención de que se realicen pruebas de inglés al finalizar la ESO y el Bachillerato que sean homologables a nivel europeo. Es una de las pequeñas novedades que puede incluir el texto.

Y es que a pesar de los llamamientos al consenso del ministro de Educación, José Ignacio Wert, las líneas rojas de la reforma están más que trazadas. De hecho, el punto de partida de la discusión era el mismo borrador que el ministro Wert presentó a las comunidades el pasado 4 de diciembre y que provocó el plante de la representante de la Generalitat. Sin embargo, su ausencia en la reunión de este miércoles se ha debido, según fuentes del gobierno catalán, a la asistencia de Rigau a la firma del acuerdo de legislatura entre CiU y ERC. La presencia en su lugar de la número dos de su departamento mantiene la línea de diálogo abierta entre las dos partes. Una vuelta a las conversaciones para tratar de acercar posturas en lo que se refiere al uso del catalán en las aulas que comenzó con la reunión entre Rigau y Wert el pasado jueves y que contó con un nuevo capítulo este martes con otro encuentro entre técnicos del ministerio y de la consejería catalana. Un nuevo intento que finalizó sin avances significativos, según desveló la propia Mier antes de iniciar la reunión.

Al termino del encuentro, Wert ha asegurado que el texto de la reforma educativa aclarará de forma "satisfactoria" que el tratamiento de las lenguas cooficiales será "igual" al de las troncales y como el del castellano a efectos de evaluación y de carga horaria. Así, ha achacado a una "mala interpretación" de los tipos de asignaturas de la reforma -troncales, de especialidad y específicas- la "confusión" sobre las lenguas cooficiales. "Vamos a mejorar técnicamente lo susceptible de oscuridad conceptual", ha indicado, remarcando que Cataluña "no ha querido colaborar" en encontrar una fórmula que garantizara la presencia del castellano como lengua vehicular junto al catalán.

Wert ha subrayado que nadie ha puesto en cuestión la condición del catalán como lengua vehicular, pero sí que esta sea "exclusiva" porque hay que dar respuesta a las sentencias del Constitucional para que los padres que quieren que sus hijos sean educados en castellano como lengua vehicular puedan hacerlo.

La disposición sobre el modelo lingüístico que tanto molesta a Cataluña reconoce un «trato diferenciado» a la lengua cooficial respecto del castellano «en una proporción razonable», sin que en ningún caso «pueda suponer de hecho la exclusión del castellano». Además, permite que sea la administración autonómica quien tenga que costear la escolarización en un centro privado de los alumnos que soliciten estudiar con el castellano como lengua vehicular. La Generalitat y los partidos nacionalistas consideran un "ataque" a su sistema de inmersión lingüística y una invasión de sus competencias. De hecho, ya han advertido que recurrirán al Tribunal Constitucional en caso de aprobarse, e incluso amenazaron con "no acatar" la normativa.

Más frentes

Pero el uso del catalán no es el único punto de discordia. El contenido de las asignaturas troncales, que son la mayoría y las más importantes, es otro frente abierto. Wert ha repetido en diversas ocasiones que considera «nuclear» la fijación por parte del Estado del 100% de los contenidos de estas materias (Matemáticas, Lengua, Inglés, Geografía, Biología y, la siempre delicada Historia). Algunas comunidades autónomas consideran que esta medida invade las competencias de sus estatutos. Algo parecido ocurre con las evaluaciones a final de cada etapa educativa (6º Primaria, 4º ESO y 2º Bachillerato), cuyos exámenes dependerán del Estado.

La alternativa evaluable a Religión es otro punto de fricción entre el Gobierno y las comunidades gobernadas por el PSOE, como Andalucía y Asturias. Consideran que la creación de Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria satisface una de las reivindicaciones históricas de la Iglesia.