El abogado de Urdangarin duda de que pueda pagar la fianza

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, considera "exagerada" la fianza que pide el fiscal de 8.189.448 euros a pagar conjuntamente con su exsocio, Diego Torres, y duda que el Duque tenga suficiente para afrontar esta millonaria caución. El letrado no ha descartado que Urdangarin tenga que embargar sus propiedades para hacer frente a la fianza por responsabilidad civil si finalmente el juez José Castro acuerda la petición reclamada por Anticorrupción y el Sindicato Manos Limpias.

La letrada de este sindicato, Virginia López-Negrete, coincide en la valoración de la Fiscalía en cuanto a la fianza, pero la abogada, que ya pidió sin éxito la imputación de la infanta, se muestra especialmente beligerante en la supuesta utilización que el duque de Palma ha hecho de la Corona. “El señor Urdangarin –señala López-Negrete- aprovechándose de su condición de miembro de la casa Real española, contactó con diferentes personalidades políticas de primera orden, tanto de la comunidad autónoma Valenciana como Balear para, después de proponer sus proyectos, conseguir que los mismos fueran aprobados, y automáticamente se pusiera en funcionamiento el mecanismo administrativo tendente a intentar vestir el santo”.

Según la letrada de la acusación, los gobiernos de Matas y Camps, ante cualquier petición del yerno del rey, cedían sin contemplaciones a “todas sus peticiones”, le daban lo que pedía y luego “intentaban dar una cobertura de aparente legalidad a una ilegalidad manifiesta que era la adjudicación directa y sin respetar ni una sola de las normas del procedimiento administrativo.

El escrito de Virginia López-Negrete pone especial énfasis en que el duque y su socio se parapetaron tras una fundación con el único fin de “aparentar que no perseguían fines lucrativos y onerosos, rodearse de esa aureola de falta de ánimo de lucro para que, no sólo nadie sospechara…¡¡¡sino que encima les albergara ese paraguas de bondad y de ayuda al prójimo!!!”.

“Evidentemente las contrataciones que se realizaban con el señor Urdangarin no respondían a ninguna labor concreta ni a ninguna necesidad de interés público, sino única y exclusivamente al mero interés de conceder le todo aquello que éste solicitaba, consecuencia de su influencia por pertenecer a la casa Real”, concluye la letrada.

Informe de la Fiscalía

Las acusaciones de la Fiscalía al duque de Palma también son gruesas: "Los convenios de colaboración son fruto de una actividad delictiva premeditada por lo que el resarcimiento de los perjuicios ocasionados a las arcas públicas debe alcanzar la totalidad de los fondos públicos percibidos por el Instituto Nóos". Anticorrupción quiere que todo el dinero que Urdangarin obtuvo con los Illes Balears Forum, los Valencia Summits, la promoción de los fallidos Juegos Europeos o la promoción del equipo ciclista Banesto-Illes Balears, entre otros, vuelva a las arcas públicas porque aquellos acuerdos fueron "decisiones administrativas arbitrarias cuya única finalidad era la de beneficiar económicamente a unas personas concretas, obviando deliberadamente la utilidad e interés público que debe presidir cualquier actuación administrativa".

Y todo porque Urdangarin y Torres diseñaron una máquina perfecta para hacerse con esas adjudicaciones bajo "la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales". Con esa tapadera, según Anticorrupción, tuvieron acceso a fondos públicos a través de los famosos convenios con las administraciones que de "haberse presentado como compañía mercantil privada les hubieran estado vetados". Pero no solo. El duque de Palma "aparentó perseguir fines lucrativos" y buscó "rodearse de prestigio social derivado de las actuaciones altruistas" para "evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos procedentes de organismos públicos".

Las acusaciones más graves que contra los dos imputados hace el fiscal Pedro Horrach están referidas a los dos grandes negocios del Instituto Nóos, los Balears Forum y los Valencia Summits. "Los responsables políticos de las administraciones correspondientes pactaron de forma verbal con los representantes del Instituto Nóos la celebración de esos congresos al margen de cualquier expediente administrativo". Es más, Anticorrupción desvela que Nóos "empezó a organizar y desarrollar dichos proyectos con anterioridad a la formalización de los respectivos convenios de colaboración". "La omisión deliberada del expediente administrativo supone un atentado frontal a los principios básicos de la contratación", apunta el escrito del Ministerio Público.

Las acusaciones reclaman como primera opción la devolución total, pero dejan abierta otra posibilidad al juez. Que se contabilice como responsabilidad civil todo el dinero que Urdangarin y el exprofesor de Esade se llevaron de los contratos, pero descontando las facturas que el Instituto Nóos ha presentado y la Fiscalía ha dado por buenas tras depurar la avalancha de documentos que no han sido admitidos como gastos para la organización de esos eventos. Los técnicos de Anticorrupción se han pasado meses con la calculadora en mano para cifrar esa fianza civil alternativa y que asciende a 5.905.079 euros con 29 céntimos.