PSOE e IU solo responsabilizan a la Consejería de Empleo

Sin salirse ni un ápice del guión previsto, PSOE e IU presentaron hoy sus conclusiones de la comisión parlamentaria que investiga el supuesto fraude en los ERE y ayudas a empresas en crisis pagados por la Junta de Andalucía. Los socialistas siguen manteniendo la tesis de que el máximo y exclusivo responsable del uso indebido de las ayudas fue el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. Sus socios de Gobierno afinan un poco más y apuntan a los políticos que le mantuvieron en el puesto y que, además, instauraron el sistema de ayudas que permitió el fraude.

En sus conclusiones, el PSOE-A se muestra tajante. La dirección general de Trabajo tenía la "atribución exclusiva para la concesión de las ayudas", por lo que concluye que en el uso "indebido" de dicho procedimiento de concesión el único responsable era el responsable del departamento, el propio Guerrero, considerado también principal imputado en la causa judicial y que recientemente abandonaba la prisión tras pasar nueve meses y afrontar una fianza de 50.000 euros.

Desde el PSOE insisten en que el procedimiento para la concesión de ayudas era absolutamente legal y siempre estuvo sujeto a control, y nunca se detectó "ni fraude, ni menoscabo de fondos públicos". En este sentido, señalan la Intervención General de la Junta "no manifestó reparos de legalidad, y en ningún caso puso en marcha un procedimiento para paralizar la ejecución que determinara la actuación de los órganos colegiados de la Junta de Andalucía".

Los socialistas eximen de cualquier responsabilidad a los exconsejeros de Empleo durante el periodo investigado (2001-2010), ya que a su juicio, no queda situado de forma "nítida o clara" en los trabajos de la comisión. Una visión que no comparten en IU, donde consideran que no solo mantuvieron a Guerrero en su puesto sino que dieron luz verde al sistema de ayudas. Así, no dudan en calificar a José Antonio Viera, antiguo secretario provincial del PSOE de Sevilla y hoy diputado, o Antonio Fernández, también imputado en la causa judicial como los "autores intelectuales del perverso diseño administrativo y presupuestario que dio lugar a la falta de controles". De hecho, culpan directamente a Viera y Guerrero de la "discrecionalidad arbitraria que se deduce de la concentración de ayudas en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla", y ponen en evidencia la afirmación del primero acerca de que "el resto de áreas o direcciones generales se encargaban de las otras zonas de Andalucía" en cuanto a la concesión de ayudas.

Críticos con la Intervención General

La coalición de izquierdas también se muestra crítica con Intervención General, a la que reprochan no haber hecho más por frenar las irregularidades de las que alertaron en al menos 15 informes, aunque sin reclamar medidas contundentes.

Las irregularidades en las prejubilaciones alcanzan ya a 126 personas, los conocidos como 'intrusos', que habrían percibido 12,34 millones de euros, según el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía -máximo órgano fiscalizador-. Asimismo, la Junta ha iniciado la revisión de oficio de 189 ayudas directas a empresas en crisis, a las que se habría pagado 73,88 millones de euros. Con estos datos, el PP-A pidió hace unos días la dimisión del presidente andaluz, José Antonio Griñán, su antecesor Manuel Chaves y de otra docena de cargos públicos a los que consideran máximos responsables políticos del fraude por articular "un instrumento ilegal, arbitrario y opaco de ayudas del que se han derivado numerosas ilegalidades y un menoscabo de fondos públicos evidente", como ha quedado probado en la comisión.

Las conclusiones de todos los grupos políticos serán debatidas en una nueva sesión de la comisión de investigación el próximo día 22 de noviembre, de la que saldrá un dictamen con los puntos conjuntos que se elevará al pleno del Parlamento.