Gallardón: «Hoy es un mal día para los corruptos»

Alberto Ruiz Gallardón ha pedido a todos los grupos parlamentarios que esta jornada se convierta en una nueva frontera para aquellas personas que viven en zonas de penumbra en materia fiscal y fraude contra la seguridad social. “Hagamos que hoy sea un mal día para los corruptos”, ha sentenciado.

El ministro de Justicia ha defendido en el Congreso la modificación parcial del Código Penal por la que se crean subtipos agravados para castigar las conductas más graves en materia de delito fiscal y contra la Seguridad Social, que serán castigadas con penas de hasta seis años de cárcel. Esto conlleva que el plazo de prescripción pase de cinco a diez años y que su enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales y no a los Juzgados Penales.

Para el PSOE, sin embargo, se trata de una reforma “ideológica y ultra conservadora, impropia de la España del siglo XXI”, según ha indicado el portavoz socialista en la comisión de Justicia, Julio Villarubia. El diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha coincidido en que se trata de una “norma de excepción” que equipara a grandes defraudadores con desempleados y jubilados que reciban una prestación de manera irregular.

Una acusación a la que le ministro Gallardón, en su turno de réplica, ha negado que se castigue a aquellos que perciban una prestación inadecuada, sino a “los que engañen” para lograr esa prestación.

Mejorar los instrumentos de control

Gallardón, por otra parte, ha explicado que el objetivo de la reforma que se anticipó a la del resto del Código Penal es mejorar “los instrumentos de control de los ingresos y del gasto público”, así como “hacer más difícil el fraude, endurecer el reproche penal que merece y dar efectividad a los mecanismos de cobro”, especialmente, en los delitos de mayor gravedad o de guante blanco.

Tras recordar que “siete de cada diez casos denunciados termina en condena” y que, aunque las denuncias son mil al año, se ha acumulado en los tribunales una deuda de 6.000 millones de euros pendiente de cobro, Ruiz-Gallardón ha destacado la importancia de poder actuar tanto en el cobro de lo defraudado como en el reproche penal que merece la conducta cometida.

Para ello se potencia la figura de la regularización para que signifique, como han dicho en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo y la Fiscalía, “el pleno retorno a la legalidad”. Frente a los textos de 1995 y 2010, en los que no se incluía el pago completo de la deuda sino solamente la cuota tributaria, en la reforma actual se pretende ser más exigente. Entonces la regularización venía acompañada de un procedimiento penal que acababa siendo archivado y a su vez paralizaba la acción tributaria en los casos en que la suma adeudada superaba los 120.000 euros, lo que beneficiaba a estos defraudadores que podían en ese tiempo despatrimonializarse. Para evitarlo, el proyecto del actual Gobierno prevé que la Administración liquide la deuda defraudada sin perjuicio de lo que finalmente determine un juez.

Cuantía de las penas

En los delitos contra la Hacienda Pública se mantiene el umbral de 120.000 euros, y de 600.000 para el subtipo agravado, con el que también se castigarán las conductas delictivas que aunque no alcancen esa cifra se hayan cometido a través de testaferros o en paraísos fiscales, lo que constituye una forma sofisticada de fraude.

En los delitos cometidos contra la Seguridad Social la cuantía desciende a 50.000, porque estaban quedando impunes muchas conductas delictivas que no alcanzaban ese límite. Además, la mera presentación de autoliquidaciones no excluirá el fraude si este se demuestra por otra vía.

Para evitar las tramas vivas (las organizadas sin actividad económica real, que actúan y desaparecen en un plazo inferior al año) tanto en el fraude fiscal como en el realizado contra la Seguridad Social el periodo de liquidación a efectos penales seguirá siendo un año. Sin embargo, el delito podrá ser perseguido desde el momento en que alcancen el umbral de los 120.000 euros, cifra en la que se ha fijado el tipo agravado, que también castigará con penas de entre dos a seis años de cárcel a las tramas organizadas.