Los juzgados de la telebasura

«Lo dejo, no puedo más». Esta no es la última declaración de Rosa Benito sobre su matrimonio con el hermano de Rocío Jurado. Tampoco el balbuceo de una llorosa Belén Esteban hablando en 'prime time' de su marido Fran. La persona en cuestión no aparece en los 'programas del corazón' que han nutrido durante años las parrillas de las cadenas generalistas. Su nombre, en suma, no es conocido por el gran público, pero sobre su espalda ha recaído una pila de querellas, denuncias y demandas que previamente habían sido vociferadas en los platós de televisión. Hasta que dijo basta.

En un juzgado de primera instancia de Alcobendas, localidad del norte de Madrid de más de 100.000 habitantes, una magistrada que prefiere continuar en el anonimato hizo las maletas hace unos meses. Pese a sus años de experiencia reflejados en el escalafón judicial, lo que le hubiera permitido elegir un destino al gusto, prefirió amarrar la primera plaza que saliera a concurso y salir pitando del despacho. Dejaba atrás una espiral laboral que no auguraba nada bueno para su salud. Y lo hizo con ganas.

Desde hace varios años, ella y sus ocho compañeros de los juzgados de instrucción y primera instancia de Alcobendas, donde se tramitan procesos civiles y penales de todo tipo (robos, hurtos, faltas, accidentes, asesinatos), han sido víctimas mudas de un fenómeno televisivo que ha hecho saltar las costuras de sus pequeños órganos judiciales ya de por sí colapsados.

Se trata de la «judicialización de la telebasura». Esto es, utilizar y poner en marcha todo el engranaje judicial para la obtención de unos beneficios propios y ajenos que se apartan del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Dicho en llano, se trata de usar los tribunales con fines espurios. Unas veces por exigencias del guión y otras para seguir acudiendo a los platós y que hablen de uno.

La dichosa coincidencia quiso que el partido judicial de Alcobendas tenga como inquilinos a una cadena nacional, Telecinco, y a once productoras televisivas encargadas de programas del corazón como 'Sálvame', 'Sálvame deluxe', 'La noria', 'Enemigos íntimos', 'Aquí hay tomate' o 'Dónde estás corazón', de Antena 3. Los cuatro últimos ya no están en parrilla.

Tiempo y dinero

En estos juzgados madrileños entran a diario querellas y denuncias por injurias o calumnias o demandas por vulnerar el derecho al honor o la intimidad. Las primeras se resuelven por la vía penal y llevan aparejadas un coste medio de unos 1.300 euros con cargo a la administración de Justicia, según un reciente estudio elaborado por un grupo de magistrados.

Y es que el mero hecho de querellarse porque un tertuliano le insultó o amenazó y otro mintió sobre la penúltima infidelidad moviliza todo el aparataje judicial: jueces, fiscales, funcionarios, abogados y procuradores. Absorbe tiempo y dinero. Retrasa trabajo y genera una distorsión del propio juzgado por la carga mediática de los asuntos. En conclusión, «convierte a los jueces en rehenes de los higadillos de la telebasura», denuncian los magistrados de Alcobendas.

«La situación no es aislada. Se trata de una rueda que va alimentándose y creciendo sobre sí misma de forma alarmante. No se trata de garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos, sino de hacer caja en los platós», resume una jueza.

El asunto es sencillo de entender, pero complejo de resolver. La única salida es fomentar el arbitraje o la mediación para que estos temas no lleguen a los tribunales. Para ello se requiere una reforma legal que regule estos mecanismos y ponga veto al uso espurio de la Justicia.

Algunos piensan que el incremento de las tasas judiciales que ha aprobado el ministro Alberto Ruiz Gallardón podría contener esta avalancha, cuyos efectos ya se sienten en el Tribunal Supremo, la última instancia judicial. Un ejemplo. La Sala de lo Civil resuelve más demandas contra el honor en medios de comunicación que conflictos testamentarios, mercantiles o de familia. Sólo en 2010 admitió 85 recursos, el 13% del total, y su tramitación oscila entre los 12 y los 18 meses.

De esa sala han salido mediáticas condenas y cuantiosas indemnizaciones de cientos de miles de euros que han hecho estragos a los denunciados. Pero antes, en primera instancia, nueve jueces de Alcobendas y otros de Barcelona o Valencia han sufrido en sus carnes la «judicialización de la telebasura». Hasta que alguno tiró la toalla.