El capitán del 'Prestige' responsabiliza a las autoridades españolas del naufragio

Las autoridades españolas gobernaron el 'Prestige' después de la primera señal de alarma lanzada el 13 de noviembre hasta su naufragio seis días después, por lo que fueron las únicas responsables del hundimiento del navío y la marea negra que inundó de chapapote 1.600 kilómetros de costa cantábrica. Este es el alegato de defensa que hoy ha presentado en el primer día del juicio por la mayor catástrofe ecológica de la historia de España el abogado del principal encausado, el capitán del buque Apostolos Manguras, de 76 años, quien se enfrenta a una petición de 12 años de prisión por los delitos de atentado contra el medio ambiente, daños y desobediencia.

José María Ruiz Soroa, letrado de Manguras, también pidió la nulidad de la causa al considerar que en España no se garantizaron “los derechos fundamentales” de su cliente al obtenerse pruebas contra él sin el permiso judicial pertinentes y dudar de que pueda recibir un juicio justo.

La descarga de responsabilidades en la administración española por parte de Manguras fue respondida por la defensa de otro de los encausados, el exdirector general de la Marina Mercante José Luis López-Sors, único cargo político que se sienta en el banquillo y que está acusado de imprudencia grave como responsable del rumbo errático que siguió el petrolero durante seis días mientras vertía 66.000 de las 77.000 toneladas de crudo que portaba al mar. El letrado de López-Sors, para el que pide la libre absolución, expuso que las decisiones que se adoptaron durante los días en que se prolongó el naufragio fueron las correctas y que, de no haberse alejado el petrolero, se hubiera producido una catástrofe aún mayor.

Junto al capitán del Prestige y el exdirector general de la Marina Mercante se sentó en el banquillo el jefe de máquinas del buque, Nikolaos Argyropoulos, cuyo letrado ha anunciado que renunciará si no se aumenta la retribución de 455 euros mensuales que le corresponde como abogado de oficio. Un cuarto encausado, el primer oficial del Prestige, Ireneo Maloto, de nacionalidad filipina, permanece en paradero desconocido, por lo que será juzgado en rebeldía.

Petición de responsabilidades

La defensa de Manguras no fue la única que ha exigido responsabilidades políticas por la catástrofe. A las puertas del palacio de congresos de La Coruña se concentraron tres centenares de personas pertenecientes al colectivo ‘Nunca mais’ para exigir la imputación del actual jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, -en 2002 vicepresidente del Gobierno y coordinador de la operación de salvamento; Francisco Álvarez Cascos –exministro de Fomento-; y Miguel Arias Cañete –por entonces, como actualmente, ministro de Agricultura y Pesca-.

La Fiscalía ha aprovechado la primera jornada del juicio para ampliar la petición de indemnizaciones. El Ministerio Público solicita por los daños causados más de 4.000 millones de euros, una cantidad notablemente superior a la solicitada inicialmente. El fiscal especial de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, ha justificado esta petición en un informe elaborado por expertos de la Universidad de Santiago de Compostela, que fija el alcance de los daños en 3.862,42 millones sólo para España, a los que habría que sumar las compensaciones para Francia.