Pedraz no acusará de atentado a las instituciones a los detenidos

La Audiencia Nacional, tras un notable guirigay jurídico con el Ministerio del Interior y después de casi 48 horas de desencuentros con la Policía, echó por tierra la pretensión de Jorge Fernández Díaz de imputar a los detenidos por los disturbios del martes de delitos contra las altas instituciones del Estado, penados con hasta cinco años de cárcel.

El juez Santiago Pedraz decidió inhibirse a favor de la justicia ordinaria al no ver indicios de que los arrestados intentaran asaltar el Congreso, supuesto que sí hubiera sido competencia de su tribunal. A primeras horas de la noche, la juez de Instrucción número 8 de Madrid -ante la que, tras un rocambolesco periplo, acabaron los detenidos después de casi dos días en los calabozos- ordenó la libertad para 34 acusados pero con cargos, al "ver motivos bastantes para estimar criminalmente responsables de atentado, resistencia y contra altas instituciones", según el escrito de la magistrada. En realidad, todos los detenidos, salvo uno, para quien ordenó el ingreso en prisión, eludible bajo fianza de mil euros, imputado por dos presuntos atentados y desórdenes públicos, y contra las altas instituciones. El menor de edad detenido en los incidentes quedó a disposición de la Fiscalía.

El culebrón judicial que tenía previsto terminar esta noche en los juzgados de instrucción de Madrid comenzó incluso antes de la manifestación, cuando desde la Delegación del Gobierno y desde Interior se habló de que la convocatoria a rodear el Congreso para demandar una asamblea constituyente era un ataque directo al Parlamento y recordaron los artículos del Código Penal que castigan esos atentados a la sede de la soberanía popular.

Ya el miércoles, horas después de los disturbios en la convocatoria 'Rodear al Congreso', el director general de la Policía no se anduvo con rodeos en su comparecencia en el Congreso. En el 25S, dijo, "se produjeron disturbios muy graves y se cometieron delitos contra las cámaras, competencia de la Audiencia Nacional". "Un intento de allanamiento del Congreso, por muy débil que sea, es un ataque al Estado de Derecho", insistió Ignacio Cosidó.

Pero el preocupante panorama que dibujó el director de la Policía no era el que relataban ni siquiera sus mandos de más confianza. En la providencia que Pedraz envió ayer a la Policía con la advertencia de que la Audiencia Nacional no era competente, el juez reveló que incluso el informe del comisario jefe de la Brigada Provincial de Información de Madrid no hacía mención a ataque alguno contra el Estado sino exclusivamente a "atentados, lesiones, resistencia y desobediencia y desórdenes públicos". O sea, las clásicas imputaciones a las personas arrestadas durante unas algaradas.

"Coherencia jurídica"

Antes incluso de ese informe, la tarde del miércoles, la Audiencia Nacional y la propia Fiscalía habían advertido al Ministerio del Interior de que no veían por ningún lado "indicios" para mantener con "coherencia jurídica" una imputación genérica a todos los detenidos por delitos contra los Altos Órganos de la Nación y la forma de Gobierno, recogidos en los artículos 493, 494 y 495 del Código Penal y que prevén penas que van desde los seis meses a los cinco años de cárcel.

Estos preceptos castigan a los que "invadan con fuerza violencia o intimidación" el Congreso; a "los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones ante el Parlamento alterando su normal funcionamiento"; o a los que "portando armas u otros instrumentos peligrosos, intentaren penetrar" en una sede legislativa. Los jueces, además, insistieron en que era imposible acusar de delitos contra las altas instituciones del Estado a un grupo tan heterogéneo de personas, muchas de las cuales habían sido detenidas a cientos de metros del perímetro policial del Parlamento.

Pero el Gobierno, decidido a dar un castigo ejemplarizante a los alborotadores que participaron en el asedio al palacio de la carrera de San Jerónimo, no dio su brazo a torcer, a pesar de que varios de los juristas de Interior también avisaron de que no había precedentes de acusaciones tan graves de este tipo en ninguna de las decenas de manifestaciones que habían terminado en disturbios en las cercanías del Congreso.

A primera hora, y ante la situación tan delicada, Interior propuso a la Audiencia Nacional una ‘opción b’ para salvar los muebles, que tampoco convenció al titular del Juzgado Central número 1. Planteó que al menos los detenidos que arrancaron la vallas del Congreso y que fueron arrestados durante la primera carga policial -un grupo de entre cinco y diez personas- fueran acusados de atentado a las instituciones del Estado y, por ende, pasaran a disposición de Pedraz, y que el resto fuera acusado de desórdenes y atentado a la autoridad y pasar a los juzgados ordinarios.

Al juez, tras repasar el atestado policial que finalmente le entregó Interior a media mañana, no vio por ningún lado que los detenidos "invadieran" o llegaran a "penetrar" en el Congreso o alteraran la sesión plenaria del Congreso.