Recio achaca las irregularidades a un «abuso de confianza»

El consejero andaluz de Empleo durante la pasada legislatura, Manuel Recio, ha defendido hoy en la Comisión parlamentaria que investiga el fraude de los ERE la legalidad del procedimiento para la concesión de ayudas a empresas en crisis. Y ha asegurado que las irregularidades, que cifra en un 3%, se produjeron por un “abuso de confianza” de determinadas personas, al tiempo que ha subrayado la rápida respuesta de la Junta de Andalucía para recuperar lo defraudado tras conocer las anomalías.

Recio, parlamentario regional por Almería, ha abierto la segunda semana de comparecencias en la comisión de investigación. Durante su intervención, y a preguntas de los miembros de la comisión, ha repetido que “no hay que confundir la legalidad con los abusos de aplicación” de las normas. Según ha dicho, las ayudas que se concedieron fueron “excepcionales y no arbitrarias” aunque si “discrecionales”, y ha insistido en defender su transparencia dado que no solo aprobaban en el Parlamento andaluz y eran conocidas por los sindicatos y los empresarios, sino que además “nadie” puso reparos en su concesión ni en su procedimiento, en alusión a los posibles informes de la Intervención General alertando sobre el sistema. De hecho, ha matizado en el turno de preguntas que su departamento “siempre” tuvo en cuenta las recomendaciones realizadas por la Intervención.

Una explicación que no ha convencido a los miembros de la comisión por parte del PP e IU, que han destacado sus contradicciones con el testimonio de otros cargos. Como ocurrió desde que saltó el caso del supuesto fraude de los ERE, el que fuera consejero de Empleo entre 2010 y 2012 (con el primer mandato de José Antonio Griñán) ha resaltado la “respuesta inmediata” del Gobierno andaluz.

Investigación interna

Se inició una investigación interna, posteriormente trasladada a la Justicia, sobre las pólizas de los 5,982 trabajadores que cobraron ayudas desde la puesta en marcha del procedimiento, y se ha detectado que las irregularidades (los llamados ‘intrusos’) representaban el 3% de los casos, una cifra que a su juicio podía ocurrir en cualquier departamento administrativo. Así, la Junta ha conluído que se pagaron de forma indebida 12,8 millones de euros, y que se dejaron de abonar otros 14,7 millones ante la sospechas de irregularidades.

“No existe otra administración que haya tenido un despliegue de medios similar al de la Junta en su afán de colaboración y aclaración de la verdad”, ha recalcado, para negar a continuación haber recibido o dado instrucciones para la concesión de una ayuda sociolaboral. En este sentido, también ha desmentido haber destruido pruebas durante una reunión de urgencia celebrada en fin de semana a raíz de los datos obtenidos con la investigación interna.

Soler niega su vinculación

Por su parte, el consejero andaluz de Innovación, Ciencia y Empresa entre abril de 2009 y marzo de 2010, Martín Soler, ha asegurado que "jamás" tuvo conocimiento de "ninguna irregularidad" en las ayudas a ERE que, ha enfatizado, "decidía de manera unilateral la Consejería de Empleo". "Nunca participé, conocí o decidí nada que tuviera que ver con decisiones sobre ayudas sociolaborales a ERE", ha apostillado Soler, quien ha recordado que la agencia IDEA, adscrita a su Consejería, era "un mero agente pagador porque así se lo asignaba la ley".

Al igual que su antecesor en el cargo y en las comparecencias de hoy ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz, Francisco Vallejo, también ha negado haber conocido el convenio marco por el que Empleo estableció este polémico sistema administrativo. Ha apostillado que, como consejero de Innovación y presidente de su ente instrumental, IDEA, "nunca" tomó decisión alguna "sobre un procedimiento que siempre fue considerado legal" y que "nunca" aprobó "ayuda alguna con cargo a este programa". Al igual que Vallejo, ha negado haber conocido los informes que la Intervención General presentó a partir de 2005 con objeciones al procedimiento seguido para tramitar estas polémicas ayudas a ERE y empresas sociolaborales, cuyo importe supera el millón de euros. Empleo ordenaba a IDEA pagar estas ayudas, para las que le transfería los fondos presupuestados, a pesar de que este órgano pagador y su antecesor, el IFA, había sido transferido a Innovación.