Antonio Fernández defiende la legalidad de los ERE

El exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández ha asegurado en la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), tramitados por el Gobierno andaluz, que "nunca tuvo ni la más mínima duda" sobre la legalidad del procedimiento de ayudas sociolaborales concedidas por la Junta, argumentando que el convenio que lo regulaba estuvo incorporado "año tras año" en la Ley de Presupuestos de la Junta, "sin ningún tipo de cuestionamiento".

Así se ha pronunciado en la cuarta jornada de la comisión de investigación el exalto cargo andaluz, quien salió de la cárcel el pasado día 10 de agosto tras pagar la fianza de 450.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla, después de pasar casi cuatro meses en prisión, donde ingresó el pasado 24 de abril.

El Juzgado número 6 de Instrucción de Sevilla, encargado del caso, le ha imputado cuatro delitos continuados de negociación prohibida a funcionario, malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y prevaricación. Además, también está imputado por delitos simples de cohecho y falsedad en documento.

Fernández, que ha acudido a la comisión junto a su abogado, ha insistido en que los grupos tenían "perfecto conocimiento" de la partida 31L y del procedimiento por el que se regulaba y le daban su "aceptación y conformidad, dado que era una petición social demandada Pleno tras Pleno del Parlamento". Según ha apuntado, tanto PP-A como IULV-CA la consideraban "insuficiente" e instaban a modificarla para que determinadas partidas llegaran a sus territorios "más afines".

El exconsejero de Empleo ha pedido a la Presidencia de la Cámara que le permitiera no tener que responder las preguntas al considerar que podrían verterse "acusaciones" por parte de los grupos, como en su opinión, ha ocurrido con los anteriores comparecientes que, como él, están imputados por la Justicia. Si bien, finalmente, y después de que el presidente de la comisión, Ignacio García, le indicara que la comisión ya decidió que los comparecientes tendrían que escuchar las preguntas, Fernández ha decidido responder a las mismas.

José Antonio Viera

Previamente, el exconsejero andaluz de Empleo y Desarrollo Tecnológico y diputado del PSOE en el Congreso José Antonio Viera negó ser "el ideólogo" de los ERE falsos y responsabilizó a su subordinado, el director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, de las ayudas que investiga la Justicia. Viera ha negado haber conocido cualquier "irregularidad o inmoralidad" durante sus cuatro años de mandato y ha delegado en "la estructura" de su Consejería y en sus subordinados la concesión y el control de las ayudas por valor de cientos de millones de euros que repartió su departamento y que investiga la juez Mercedes Alaya.

En su comparecencia, también aludió a la política de concertación social del PSOE como la impulsora de estas ayudas que, en su opinión, contaron con el visto bueno del Parlamento, la Intervención de la Junta y la Cámara de Cuentas y "nunca" recibieron ninguna advertencia de ilegalidad. "Los consejeros son políticos, no hacen decretos ni leyes, nos apoyamos en los técnicos y en la asesoría jurídica", espetó Viera, quien sostuvo que los ERE no se aprobaron en "un lugar oculto o secreto", sino en el Parlamento. "No es una cuestión de si estaba José Antonio Viera o no; es una cuestión de un partido que se presentaba a las elecciones con un programa que incluía la concertación social", señaló.

La concesión y el seguimiento de estas ayudas no se debatía en el Consejo de Gobierno, según Viera, quien aseguró que ni siquiera las comentó con otros consejeros pues "el día a día" lo llevaban viceconsejeros y directores generales. Viera quiso "dejar meridianamente claro" que los fondos de los ERE y ayudas a empresas "son tan legales como los utilizados en Educación, en Salud o en Servicios Sociales; ni más, ni menos". "Digo con claridad meridiana que no hay ERE irregulares; el ERE es un instrumento de nuestra legislación laboral", apostilló. Indicó que nunca recibió "ni por escrito ni verbalmente ninguna recomendación" sobre ilegalidades y sólo admitió la posibilidad de "algunas irregularidades administrativas".

Justo Mañas

Antes de Viera comparecía el exviceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Justo Mañas, quien defendió la base legal existente en la tramitación y gestión de las actuaciones de la Consejería de Empleo dentro del fondo 31L entre los años 2001 y 2010. Mañas, que acudió sin abogado para colaborar y que no está imputado en el caso indicó que la tramitación de expedientes en este periodo ha contado con "un apoyo legal que permitiría desarrollar las acciones que en este periodo los distintos responsables políticos han venido realizando".

En este sentido, Mañas que fue viceconsejero tras Agustín Barberá entre marzo de 2010 y mayo de 2012 y tras recordar que fue la Junta la primera en llevar el caso a la justicia, hizo hincapié en "no confundir el hecho de que no exista norma con un abuso de la norma" y destacó que los cambios realizados en 2010 para la gestión del fondo 31L "siempre fue para mejorar el procedimiento y en ningún caso para sustituir la norma"