«Algo había que hacer porque la ley de dependencia se caía»

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, defendió este jueves la reforma que se va a aplicar en la ley de dependencia. En un videochat con los lectores, aseguró que la normativa aprobada hace casi seis años necesitaba «ajustes». «Estamos mejorando y reformando la ley de dependencia para hacerla sostenible», subrayó Moreno. Insistió en la necesidad de profesionalizar el cuidado de las personas más vulnerables porque la normativa aprobada por el Ejecutivo socialista consideraba que el cuidador familiar era una excepción. Ahora, comentó, es necesario volver a apostar por los servicios sociales públicos. «Había que hacer algo porque si no la ley de dependencia se caía», comentó.

El secretario de Estado recordó que los recortes acaecidos por el departamento de Ana Mato eran fundamentales porque el Sistema Nacional de Salud tenía una deuda acumulada de 16.000 millones, «un 23% de deuda es de los dos últimos años»; mientras que la ley de dependencia acumula una lista de espera de 300.000 personas. Por estos motivo, Moreno señaló que espera la cooperación de las comunidades autónomas, que tienen todas las competencias en este sentido, para que fijen sus prioridades presupuestarias.

«Son ellas las que tienen que organizarse. A mí me sorprende que las comunidades autónomas mantengan sus representaciones en el extranjero, donde no tienen ninguna competencia, y no vean necesario evitar el cierre de un centro de salud», apuntó el responsable de Servicios Sociales e Igualdad.

Además, defendió la necesidad de que el sistema público abogue por los profesionales en el marco de la dependencia porque «hay muchas dolencias y lesiones que necesitan un cuidado más profesional». Además, recalcó que esta decisión también generará una «mayor actividad económica». Sobre otro de los puntos más polémicos, el copago, el secretario de Servicios Sociales recordó que los usuarios ya pagan parte de los servicios en función a la renta. A partir de ahora, se va a tener en cuenta el patrimonio. Una decisión que quiere evitar el fraude a la administración, ya que se han detectado casos en que las personas dependientes cedían todo el patrimonio a sus hijos para poder optar a la ayuda.