Cada catalán pagará trece euros anuales por las recetas

El Departamento de Salud de la Generalitat estima que cada catalán pagará una media de 13 euros al año por la tasa del euro por receta médica, que se empezará a aplicar en Cataluña el próximo 23 de junio a las 00.00 horas. El impuesto farmacéutico del Govern afectará a todo ciudadano que retire un medicamento expedido por la sanidad pública en una farmacia en Cataluña, excepto unas 127.000 personas que, por su nivel de renta, quedarán exentas inicialmente.

El conseller de Salud, Boi Ruíz, ha explicado que los exentos están acreditados por el Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat como personas con bajas rentas, y que estos datos se actualizarán mensualmente para incrementar o disminuir esa cifra en función del comportamiento de los niveles de pobreza. Forman parte de este grupo los beneficiarios del Programa de Renta Mínima de Inserción (PIRMI), de la pensión no contributiva, de la Ley de la Integración Social de los Minusválidos (LISM) y del Fondo de Asistencia Social (FAS). "Con ese sistema, se evitará que el euro por receta suponga una barrera para acceder al medicamento", ha subrayado hoy Ruíz en una conferencia de prensa.

La tasa se abonará por cada receta expedida por el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) retirada en una farmacia catalana con un tope de 61 euros anuales por persona -en 2012 serán 36 euros al empezar a aplicarse a medianos del año-, un máximo al que se calcula que llegará el 12 % de la población (unas 800.000 personas). La Generalitat estima que con este impuesto, bautizado como 'tique moderador' porque busca también un uso eficiente de los medicamentos, se generarán unos ingresos de unos 50 millones de euros en 2012 -100 millones el año que viene-, que servirán para financiar el sistema sanitario catalán.

Gracias a la tarjeta sanitaria y a los sistemas de información, el farmacéutico podrá consultar en línea si el usuario ya ha excedido el límite de 61 euros al año o si pertenece al colectivo exento, que se revisará mensualmente en función de los datos aportados por el Departamento de Bienestar y Familia. En el caso de que un ciudadano no quiera pagar la tasa, el Departamento de Salud está elaborando un mecanismo para que pueda tramitar su queja por la vía administrativa.