Abismo egipcio

Asumiendo que, en efecto, el islamista Mohamed Mursi ha ganado la elección presidencial en Egipto, lo que solo será oficial el jueves, la situación del país es crítica: hay un presidente elegido sin poder real, el Consejo Supremo Militar ha reordenado y reforzado sus prerrogativas, de corte autoritario, el parlamento recién elegido fue disuelto por decisión del tribunal Constitucional y el público mostró su cansancio con una concurrencia inusualmente baja.

Cualquier sociedad con poca madurez político-institucional podría estar segura de que el desastre está servido, pero no es imposible que, pese a todo, se encauce el proceloso escenario hacia un desenlace pacífico. Pero eso tomará fácilmente más de medio año…

El cálculo se basa en la lectura – imprescindible para entender algo de lo que pasa – de la importantísima ampliación de la “Declaración Constitucional” de 30 de marzo de 2012, emitida por los militares tras derrocar al presidente Mubarak y que hace las veces de Constitución provisional. Varias adendas o reescrituras en ocho de sus artículos dan alguna luz sobre el futuro inmediato.

Los puntos clave

Los uniformados dicen “asumir el poder hasta que el nuevo parlamento sea elegido” (lo que, de paso, ignora la última opinión de los Hermanos Musulmanes, que ahora juzgan inaceptable la invalidación de la cámara) pero no adelanta una fecha… por la aparente razón de ahora los militares prefieren ver aprobada primero la nueva Constitución, para lo que urgen a los actores del drama.

Y lo hacen así: “si la asamblea constituyente – el cuerpo de cien miembros elegido para redactar la nueva Carta – encuentra obstáculos que le impidan culminar su trabajo, el Consejo Militar Supremo formará en una semana una nueva para que en tres meses la escriba y sea aprobada en referéndum nacional quince días más tarde” (…) y las legislativas se celebrarán “un mes después de dicho referéndum”.

Esta precisión ignora, sin embargo, lo esencial, a saber que la “Asamblea Constituyente” de cien miembros ya existe, aunque solo desde el miércoles de la semana pasada y por presión castrense, vistas las discrepancias profundas entre los partidos. Se reconoció unánimemente que los Hermanos, prácticos cuando hace falta, hicieron en último término el sacrificio principal, porque aunque los partidos islamistas ganaron por goleada la legislativa aceptaron un “mitad-mitad” entre los constituyentes que tranquilizó a liberales, laicos y cristianos.

El peligroso choque

Hay, claro está, una omisión, se supone que deliberada, en el planteamiento: la Asamblea Constituyente, con seguridad, no sirve… por la buena razón de que 39 de sus cien miembros son diputados… hoy cesantes tras la inesperada – y tan inoportuna en términos políticos – disolución del mismo por una decisión del Tribunal Constitucional. De hecho, hoy, visto lo visto es seguro que al Consejo Militar le convendría disponer del cuerpo constituyente finalmente acordado la semana pasada y depurado de toda posibilidad de apisonadora islamista, porque podría abrir de inmediato el proceso hoy parado.

Los militares se autoatribuyen la capacidad de crear a dedo tal comisión constitucional y eso sí es, técnicamente, un golpe de estado frío, un calificativo que muchos observadores prudentes y comprensivos con la complejidad de la situación, emplean hoy. Pero las fuerzas armadas y su intocable jefe, el mariscal Tantaui, que seguirá al frente “hasta que la nueva Constitución esté redactada”, también entran en un periodo más complejo y difícil que no siempre podrán manejar a golpe de decreto.

Si, como parece insinuarse en alguna de sus decisiones, se alejan de la Hermandad o se enfrentan a sus militantes abrirán un conflicto de graves proporciones. La alianza de hecho entre los Hermanos y las fuerzas armadas, tan criticada por liberales y jóvenes laicos de la primera hora, ha sido el eje que, oficiosamente, mantenía el mínimo de equilibrio y poder real para seguir adelante con el proceso. Acabar con él no garantiza que los militares ganarán y su plan podría, si no es genuinamente aprobado por una mayoría, terminar en lo que no se merece: una chapuza constitucional y una garantía de inestabilidad.