Los acusados por la quiebra de Sintel defienden su inocencia

Los acusados por la quiebra de la empresa Sintel, filial de Telefónica, han defendido hoy su inocencia en la primera vista del procedimiento judicial de la compañía en la Audiencia Nacional, que se ha celebrado esta mañana. A través de sus abogados, los ocho acusados del vaciamiento de la firma han señalado que la compañía se encontraba en una mala situación económica cuando Mas Tech la adquirió a Telefónica, que no hubo enriquecimento ilícito en la venta de sus filiales y, en algunos casos, que se ha producido indefensión durante el proceso. Además, los acusados han solicitado al tribunal una rebaja de 296,5 a 30 millones de euros de la fianza que les reclama la Fiscalía Anticorrupción para hacer frente a las responsabilidades civiles derivadas de la quiebra de la filial de Telefónica en 2001.

A esta vista, que tenía por objeto resolver algunas cuestiones previas al juicio, no se ha presentado uno de los acusados, Ricardo Campos, ni ninguna de las tres firmas consideradas responsables civiles subsidiarias: Mas Tech Inc, Arcon y Sintel International. La sala ha llegado a cuestionar si estas incomparecencias podían implicar la suspensión de la vista, aunque finalmente el juez ha considerado que la presencia de Campos no era imprescindible y, por otro lado, que las tres compañías han podido conocer la convocatoria de la vista, por lo que no hay indefensión.

Esta cuestión ha sido criticada por la acusación, que ha calificado de "absurda" la forma de notificar a estas empresas, ya que se ha intentado hacer a través de los antiguos directivos de la compañía. El fiscal anticorrupción José Grinda ha pedido que se incorpore como prueba la documentación recogida en la pieza separada dedicada a la responsabilidad civil, así como una comisión rogatoria enviada a las Islas Vírgenes, en caso de que ésta se reciba completada.

La defensa también ha insistido en la importancia de contar con esa comisión rogatoria, que investiga a las empresas que compraron las filiales de Sintel, ya que permitiría descifrar el valor real de estas firmas y dónde fue a parar el dinero. Además, algunos de los acusados han defendido que no se les citó hasta la última fase del procedimiento, lo que podría suponer una cierta indefensión, y han criticado que no se haya llamado a declarar a los actuales responsables de Mas Tech, algo que esperan que suceda en el juicio oral.

Más tiempo

También se ha pedido que se dé el tiempo suficiente a los peritos judiciales para realizar el informe sobre el caso, información sobre las filiales vendidas y sobre otras operaciones de Mas Tech que han sido objeto de procedimientos judiciales en los Estados Unidos. Sintel, filial de Telefónica, fue vendida en 1996 a Mas Tec Incorporated, propiedad de la familia Mas Canosa que, según la acusación, la descapitalizó de forma "consciente" hasta llevarla a la quiebra cinco años más tarde.

Los antiguos empleados de la compañía -algunos de los cuales estuvieron seis meses instalados en un campamento en el Paseo de la Castellana de Madrid- piden ahora "justicia" en los tribunales. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de prisión de entre dos años y seis meses y cinco años y seis meses para los ocho acusados, además de una fianza de 300 millones de euros para resarcir a trabajadores y acreedores.

De esos 300 millones de euros, algo más de 100 serían para los trabajadores, una cantidad que la acusación ha considerado "excesiva" ya que, en su mayor parte, se justifica por "promesas incumplidas y daño moral". El juez tiene que determinar ahora si acepta las cuestiones previas presentadas y determinar el calendario del juicio.