Rebajan la pena pedida para la acusada de sedar a bebés

La Fiscalía ha rebajado de catorce a doce años prisión su petición de pena para la excuidadora de la guardería viguesa La Camelia acusada de sedar a varios bebés en 2010. El ministerio público acusa a la mujer de un delito contra la salud pública y de otros cuatro de lesiones -uno menos que la petición inicial, que era de cinco-, y que se corresponden con cada uno de los bebés que fueron ingresados en el hospital.

En la sesión de hoy en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo, donde el caso ha quedado visto para sentencia, cada una de las partes ha expuesto sus conclusiones, mientras que la acusada, N.V.G., ha renunciado a su derecho a la última palabra. Así, la Fiscalía sostiene que "al menos" ocho lactantes resultaron intoxicados por benzodiacepinas -así lo revelaron las pruebas del Instituto Nacional de Toxicología- y que todos ellos tenían como "nexo común" el aula de bebés de la guardería.

Además, considera una "prueba demoledora" que la "única" persona que tenía "acceso" al trankimazin fuera la acusada, quien llevaba a tratamiento psiquiátrico desde 2006. También ha indicado que, tras el despido de esta cuidadora, ningún niño "volvió a mostrar síntomas". El ministerio público ha aludido, además, a las "contradicciones" en las que incurrió la acusada durante el proceso a la hora de ser preguntaba sobre si tomaba trankimazin o no y cuántas pastillas había ingerido.

Por otra parte, ha estimado un agravante que la mujer fuera en aquellos momentos la cuidadora de los niños y que estos fueran menores. Por ello, afirma que hubo "dolo" tanto en el delito contra la salud pública como en el de lesiones, pues, según mantiene, la mujer era también conocedora de las "consecuencias fatales" que podría tener la ingestión de benzodiacepinas por parte de lactantes.

Por ello, solicita cuatro años de prisión, la inhabilitación para trabajar con niños por igual tiempo y una multa de 300 euros por un delito contra la salud pública y, para cada uno de los cuatro delitos de lesiones, pide dos años de prisión e inhabilitación para trabajar con niños por igual tiempo. También pide una falta de lesiones -y que se corresponde con el caso de un niño que no necesitó hospitalización y que inicialmente se incluía en los hechos considerados delito- penada con dos meses de multa.

En cuanto a la responsabilidad civil, considera que es una "forma de resarcir a los niños y a los padres, que han pasado seguramente el mayor susto de su vida", y pide indemnizaciones de 1.000 euros en los casos de daño moral y lesiones y de 500 euros en los casos de daño moral. A este respecto, además de responsabilizar a la acusada, la fiscal considera que guardería y seguro son responsables subsidiarios.

Sobre la guardería, estima que no fue todo lo diligente que debería a la hora de contrastar el currículum de la acusada y llamando solo al último centro donde había estado, recordando que, una vez iniciada la investigación, "la Policía con simples llamadas supo que había habido problemas" en otras escuelas infantiles. "Si las llamadas se hubiesen hecho antes, a lo mejor se hubiese podido evitar", aseveró, al respecto de las intoxicaciones.

Acusaciones particulares

Por su parte, las acusaciones particulares de los tres padres personados han coincidido con la Fiscalía a la hora de aludir a las "contradicciones" de la acusada y del hecho de que todos los niños estuvieran a su cuidado, si bien han reconocido que no era posible saber en qué momentos exactos y en qué cantidades de trankimazin fueron suministradas a los niños. Una de ellas ha calificado lo ocurrido de "especialmente repulsivo" y ha recordado la "angustia" vivida por los padres en marzo de 2010.

Así, dos de las acusaciones han pedido penas por un delito contra la salud pública de cuatro años y seis meses de prisión y una inhabilitación de diez años. En cuanto a la responsabilidad civil, ambas demandan 10.000 euros y consideran responsables subsidiarios a la guardería y al seguro.

La tercera acusación solicita tres años, seis meses y un día de cárcel por un delito contra la salud pública y tres años y seis meses por lesiones. De responsabilidad civil pide 500 euros para el menor al que representa, 4.500 euros por la baja médica de la madre y 10.000 euros a los padres.

Por su parte, la defensa de N.V.G. ha solicitado la libre absolución y ha afirmado que, de tener que calificar de algo los hechos, lo haría de falta de malos tratos -que supondría una pena de multa de 10 a 20 días-. El abogado ha pedido a la sala "rigor jurídico" y "no dar pábulo al morbo" ni basarse en "factores emocionales". Así, ha manifestado su rechazo a la propuesta de Fiscalía de doce años de prisión, recordando que "un homicidio son de 10 a 15 años".