El Gobierno cuenta con CiU para privatizar las autonómicas

La reforma de la ley audiovisual que permitirá a las comunidades autónomas privatizar la gestión de las televisiones públicas sigue adelante. El Gobierno ha contado hoy con el respaldo, en forma de abstención, de CiU para tumbar las enmiendas de devolución presentadas por un buen número de grupos parlamentarios –PSOE, UpyD, la Izquierda Plural, ERC y BNG-, a pesar de que los nacionalistas catalanes también esperan modificaciones en el texto aprobado a finales de abril.

Su única crítica es en todo caso la de que, tal y como fue redactada, la norma invade competencias. El resto de las formaciones -incluído el PNV que no ha presentado enmienda a la totalidad pero ha apoyado las del resto de los grupos- considera que además la decisión del Ejecutivo no ha tenido en cuenta el objetivo de servicio público para el que fueron creados los entes audiovisuales.

El portavoz del PSOE, Juan Luis Gordo, ha argumentado que el proyecto no introduce instrumentos que permitan garantizar la pluralidad de los servicios informativos. “Quiebra el principio de independencia y pluralismo. Y –ha añadido- dan cobijo a grupos mediáticos que como aves carroñeras están al acecho”.

La portavoz de UpyD, Irene Lozano, también ha reprochado al ministro de Industria, José Manuel Soria, que sólo haya seguido criterios contables. Su partido considera que un análisis más profundo y global quizá debería haber llevado a suprimir televisiones inviables y que lo único que ha hecho ahora el Gobierno ha sido consagrar el “sálvese quien pueda”.

BNG, ERC y la Izquierda Plural, comparten argumentos. Los tres han defendido que la televisión pública tiene una función cultural y un papel en defensa de la lengua y de la cohesión social. “Ustedes –ha reprochado Laia Ortiz, de IP- vienen a defender el negocio de unos pocos pero no el derecho de los ciudadanos”.

El ministro Soria ha insistido aún así que la norma da “libertad” a las comunidades autónomas y a sus Parlamentos para decidir qué modelo de gestión quieren, si desean externalizar parte de sus servicios o si optan por la privatización, siempre bajo el control público de las cuentas para evitar el déficit.