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La Fiscalía investiga la denuncia contra Dívar por malversación

Abre diligencias informativas para analizar la documentación relacionada, antes de decidir si existen indicios de algún delito

MADRID Actualizado: Guardar
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La Fiscalía del Tribunal Supremo abrió este jueves diligencias informativas para revisar la denuncia por malversación de caudales públicos contra Carlos Dívar, presidente de ese alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial. En la ampliación de la denuncia que el vocal de Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez presentó ante el fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, constan otros 14 viajes, aparte de los seis ya denunciados al principio. De esta manera, los gastos que el presidente del Supremo endosó a la institución ascienden a 18.654 euros.

El teniente fiscal del Supremo y número dos del Ministerio Público, Juan José Martín Casallo, recibió la documentación presentada por el vocal del Consejo del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez, que acusa a Dívar de haber pagado a cargo de protocolo los más de 18.654 euros de viajes personales a Puerto Banús (Málaga).

Martín Casallo tendrá que estudiar el contenido de la denuncia, que incluye facturas de hotel, de restaurantes, desplazamiento, gastos de protocolo y los justificantes de los cerca de 20 viajes realizados a Marbella.

Será el teniente fiscal el que decida si existen indicios de que Dívar cometió algún delito. En este supuesto, remitiría la denuncia a la Sala Segunda del Supremo para que abra una causa penal al presidente al ser la competente para ello. Sería un hecho sin precedentes en la historia judicial española.

Otra opción es que el fiscal, que no tiene plazos para pronunciarse, no encuentre materia susceptible de ser investigada y podría archivar la denuncia o bien podría considerar necesario solicitar más documentación.

El propio Dívar aseguró el miércoles en un comunicado que asumió los gastos personales de sus viajes y que los cargados a los presupuestos del Consejo están «perfectamente» documentados y justificados y han sido tramitados «legalmente con la fiscalización de la interventora delegada de la Intervención General del Estado». De cualquier modo, defendió su inocencia y llegó a tildar la cantidad de «miseria».