Lorca sigue esperando

Un mar de grúas acompañado de un mapa sonoro de taladradoras, voces desde los andamios y excavadoras rugientes abriendo la tierra. Ojalá fuese éste el paisaje urbano de esta crónica. Pero no lo es. Un año después de los terremotos que causaron 9 muertos, 300 heridos e innumerables daños materiales, Lorca sigue esperando su reconstrucción. La ciudad muestra sus heridas abiertas en inmensos solares en los que solo hay silencio y polvo. El vacío ocupa, en total, un espacio equivalente a 17 campos de fútbol. 1.124 viviendas fueron demolidas tras los seísmos, y ninguna ha sido aún vuelta a levantar. La mayoría de quienes tenían un seguro ya lo han cobrado, pero de las ayudas públicas prometidas -230 millones de euros- apenas han llegado 5. Los comerciantes solo han visto por ahora 500.000 euros (esperan otros 3 millones), y el Plan Lorca, que debía relanzar la comarca con un ambicioso programa de dinamización, ha quedado postergardo a 2013 y sometido a revisión.

Un tercio de los alumnos de Secundaria del municipio seguirán en sus instalaciones provisionales porque la reconstrucción de los dos institutos que hubo que demoler -el Ramón Arcas y el Ros Giner- va para largo, mientras la Consejería de Sanidad admite que no hay ni fechas, ni plazos, ni fondos para levantar el centro de salud Lorca-centro, que quedó derruido. El panorama se completa con proyectos que por ahora han quedado en nada, como las 300 viviendas modulares que iba a instalar la Sociedad Estatal de Suelo (Sepes), y que no se han llegado a construir por falta de acuerdo con el Ayuntamiento.

Los lorquinos asisten con escepticismo y frustración a los retrasos y al cruce de acusaciones entre partidos. Las administraciones prometen que con el nuevo decreto que se aprobó en Semana Santa, las ayudas llegarán este mismo mes a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Pero los afectados están cansados de palabras, y solo esperan hechos. «Hemos tenido muy mala suerte; las ayudas se han gestionado con dos procesos electorales, un cambio de gobierno y la crisis económica de por medio», resume Antonio García, presidente de la asociación de comerciantes.

La primera respuesta al terremoto fue, sin embargo, rápida y eficaz. La coordinación entre administraciones funcionó: el Estado inyectó 17,8 millones en ayudas de emergencia que permitieron atender a los afectados, recuperar las infraestructuras públicas y demoler edificios en ruina. Además, activó el Consorcio de Seguros, que ya ha hecho llegar a los lorquinos unos 350 millones de euros en indemnizaciones (aunque este proceso no ha estado exento de quejas de muchos ciudadanos). Mientras, la Comunidad Autónoma puso en marcha todos sus recursos para que la red educativa y los servicios sanitarios -muy dañados- recuperasen la normalidad, algo que logró, con ayuda de la Administración central, en tiempo récord. Por último, el Ayuntamiento desplegó sus propios recursos y creó una 'mesa solidaria' que ya ha recaudado algo más de 3 millones de euros.

Pero pronto el consenso saltó por los aires, y comenzaron los problemas. La sensación ha sido de parón. «Todo ha ido con mucha lentitud, y un año después seguimos igual. Cuando pasó la primera etapa en la que todo el mundo se volcó, los lorquinos nos quedamos solos. Nos hemos sentido olvidados», lamenta José Alberto Lario, portavoz de una plataforma vecinal de La Viña que en los últimos meses ha canalizado el malestar en este barrio obrero, de familias humildes que se sienten desorientadas y perdidas en un laberinto burocrático al que no ven fin.

María Sánchez es la tía del joven Raúl Guerrero, que murió a las puertas del bar de sus abuelos en la carretera de Granada. La familia sigue desolada, y también cansada de tanta lucha. «Ahora quieren poner una escultura que se llama 'Consuelo'. Pues muy bien, pero yo no me siento consolada», se lamenta con amargura. El bar sigue cerrado -no llegan a un acuerdo con su seguro, y al edificio aún no se puede acceder por los daños que sufrió la estructura- así que de momento van tirando con una barra instalada en una plaza cercana. Pero si el Ayuntamiento no les cede el local social del barrio, tendrán que cerrar. En algunos momentos han tenido que recurrir a Cáritas, confiesa María.

Ayudas «embalsadas»

Los afectados de Lorca se han encontrado con unas arcas públicas vacías por culpa de la crisis y el déficit. El primer decreto para la reconstrucción, que aprobó el anterior gobierno socialista, repartió al 50% los costes de las ayudas públicas para los damnificados entre el Estado y la Comunidad. El Gobierno regional, en situación de asfixia financiera, no ha cumplido con este compromiso. Así que aunque desde Madrid se han enviado 10,5 millones de euros -según los datos facilitados por la Consejería de Obras Públicas-, solo entre 2,5 y 5 millones han llegado ya a los lorquinos. El grueso del dinero estatal ha estado retenido o «embalsado» en la Comunidad a la espera de que la Consejería pusiese su 50% correspondiente.

Lo advirtió el anterior comisionado del Gobierno para Lorca, Mario Garcés, que duró solo dos meses y ya ha sido relevado por la exconsejera de Hacienda, Inmaculada García. La falta de financiación por parte de la Comunidad ha provocado malestar incluso en el PP de Lorca. Su portavoz municipal, Francisco García, aseguró que «hay que tirar de las orejas» al Gobierno regional, y denunció que «miles de expedientes siguen atascados en la Consejería de Obras Públicas». García no ha vuelto a hacer declaraciones. El exdelegado del Gobierno, Rafael González Tovar, carga contra el Ejecutivo autónomo: «Aquí quieren decir que somos todos culpables de los retrasos, pero el Gobierno ha pagado y la Comunidad no», señala.

Pero en Lorca también hay muchas críticas al anterior Gobierno central por haber dejado en manos de la Comunidad el 50% de las ayudas en un momento como éste, en lugar de cargar con el grueso de la reconstrucción. La tragedia de Lorca debería haber sido, recuerdan estas voces, un asunto propiamente de Estado. «Se necesita un plan como el que se llevó a cabo en Galicia cuando el 'Prestige'», señala Antonio García, presidente de los comerciantes. También la plataforma vecinal de La Viña pide al Gobierno que se implique más de lo que lo ha hecho hasta ahora. Desde la Comunidad, algunas voces admiten que aceptar los términos de la financiación fue un error.

El problema de la falta de fondos se ha desbloqueado con el decreto aprobado en Semana Santa. La parte de ayudas que corresponde a la Comunidad la cubrirá el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con 115 millones de euros. La comisionada, Inmaculada García, prometió ayer, en declaraciones a Efe, que la llegada de los fondos es «inminente». A la espera están 9.100 expedientes ya aprobados por un importe total de 30 millones de euros. Representan «el 65% de los expedientes presentados», explica Yolanda Muñoz, directora general de Vivienda.

Muchas de estas solicitudes hacen referencia a ayudas al alquiler, para aquellos damnificados que perdieron su vivienda y han tenido que buscarse un techo mientras esperan la reconstrucción de sus hogares. Como estas subvenciones han estado paralizadas, «la gente se ha tenido que pagar el alquiler de su bolsillo, o bien la mesa solidaria que puso en marcha el Ayuntamiento ha corrido con los gastos», explica José Alberto Lario, de la plataforma vecinal.

Más de 1.200 familias están a día de hoy todavía desplazadas de sus hogares. Muchos viven en segundas residencias, pero otros han tenido que echar mano de casas de familiares o de la solidaridad de sus vecinos.

La culpa del parón en la reconstrucción no la tienen solo los problemas de financiación. Nunca hasta ahora se había producido en España una destrucción tan masiva de edificaciones, y la normativa no estaba preparada para algo así. Una vez recibidas las indemnizaciones del Consorcio de Seguros, y en su caso las ayudas públicas establecidas para cubrir a aquellos vecinos que tienen 'infraseguros' y no pueden hacer frente a los gastos reales, reconstruir un edificio pasa por muchos trámites burocráticos. Para empezar, toda la comunidad de propietarios debe estar de acuerdo en el proyecto y el promotor. Un galimatías imposible. El último decreto aprobado por el Gobierno central abre la puerta a la ejecución forzosa. Si un vecino no se pone de acuerdo con el resto, el Ayuntamiento expropiará para que se pueda avanzar. La Sociedad Estatal del Suelo (Sepes) actuará como promotor.

El alcalde, Francisco Jódar, admite los retrasos que se han producido. «Entiendo que la gente haya tenido esa percepción, y yo mismo la tengo». Pero defiende que la reconstrucción arrancará en breve y se está «en el buen camino». Todavía quedan, sin embargo, muchas dudas. Por ejemplo, sobre el Plan Lorca, que Jódar y Ramón Luis Valcárcel presentaron el año pasado, antes del cambio de gobierno nacional. Exigieron al anterior ejecutivo 1.650 millones en inversión. Pero ahora se admite que ese plan no se ejecutará antes de 2013, y nadie aclara cuál será la inversión final.