La condena de Taylor no limpia los diamantes de sangre

El juicio y condena del expresidente liberiano Charles Taylor supone un importante avance para la Justicia internacional y un serio aviso para la impunidad de dictadores y señores de la guerra. Sin embargo la lucha contra los llamados diamantes de sangre que alimentaron las atrocidades de Taylor está muy lejos de ganarse. El tráfico ilegal de estas piedras preciosas fue clave en las guerras en Liberia y Sierra Leona en las que no solo murieron y sufrieron graves mutilaciones miles de personas, en muchos casos a machetazos, también tuvo un efecto letal sobre la población infantil que sirvió de carne de cañón a las milicias enfrentadas y como esclavos en las minas. Aunque no se poseen cifras exactas, se calcula que la guerra de Sierra Leona (1991-2001) costó entre 50.000 y 75.000 vidas y unos dos millones en refugiados, de una población de seis millones, mientras que en Liberia se produjeron más de 100.000 muertos.

Taylor y muchos otros se han servido y se sirven de este tráfico para sus ambiciones de poder, pero también son igualmente responsables las empresas que financian ese comercio y se lucran con su producto, así como las instituciones internacionales que lo permiten. El escándalo de los llamados diamantes de sangre hizo que la ONU impulsara una regulación mundial a través de un sistema de certificación de origen y destino. Las presiones se dirigían también sobre los principales centros de transacciones como Amberes, Tel Aviv y Kiev.

En 2003 entró en vigor el Sistema Internacional de Certificación del Proceso de Kimberley (KPCS) con el objetivo de impedir que los diamantes manchados de sangre siguieran financiando guerras. Se quería también impulsar una campaña de difusión mundial sobre el horror que puede estar detrás de una llamativa joya en un escaparate. Sin embargo, a finales de 2011, una de las principales y más veteranas organizaciones implicadas en la lucha contra el tráfico ilegal, Global Witness, decidió abandonar su papel como observador oficial del Proceso Kimberley, al que calificó de fallido e incluso de cómplice del blanqueo de diamantes. Lo cierto es que el control general del comercio de diamantes afecta a tan sólo el 4% por ciento del total del mercado (un 0,1%, según la propia industria),

Una de las principales razones de la retirada de Global Witness se refería a la actividad en las minas de diamantes de Marange, en Zimbabue, donde un importante incremento en la producción ha coincidido con numerosas denuncias de violencias y abusos en las explotaciones en manos del Gobierno corrupto y criminal del presidente Robert Mugabe. A finales de 2009, los testimonios de violaciones de los derechos humanos a cargo de las fuerzas de seguridad del régimen, hicieron que el Proceso de Kimberley suspendiera la exportación de los minerales preciosos procedentes de este yacimiento. Sin embargo y pese a los documentados casos de asesinatos, palizas y trabajos forzosos en estos yacimientos, la exportación de diamantes extraídos en esta zona fue autorizada de nuevo en junio de 2011.

Comprar o recibir un anillo, una pulsera o cualquier otra joya con diamantes ha dejado de ser desde hace tiempo algo inocente ante la probabilidad de que se convierta en un acto cómplice del trabajo esclavo en las minas o en el mantenimiento de regímenes corruptos y dictatoriales.