La reforma afectará a las prótesis y al transporte no urgente

Los usuarios de prótesis, productos dietéticos y transporte sanitario no urgente tendrán obligatoriedad de cofinanciación por renta teniendo en cuenta los baremos establecidos. Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), "el porcentaje de aportación del usuario se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica, tomando como base de cálculo para ello el precio final del producto y sin que se aplique ningún límite de cuantía a esta aportación". No obstante, sí entran dentro de la cartera de servicios básica, "las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realicen en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, cubiertos de forma completa por financiación pública".

Además, las comunidades autónomas deberán adaptarse al copago farmacéutico según renta antes del 30 de junio, tal y como publica el BOE, ya que el copago farmaceútico entrará en vigor el 1 de julio. Y con él la implantación de un código en las recetas para identificar al usuario.

Según la nueva norma, "la aportación del usuario será proporcional al nivel de renta que se actualizará, como máximo, anualmente". De esta manera, los activos con una renta igual o superior a 100.000 euros deberán hacerse cargo de un 60% del precio de los medicamentos, reduciéndose al 50% si la renta se comprende entre los 18.000 y los 100.000 euros, y al 40% para las personas cuya renta sea inferior a los 18.000 euros.

En cuanto a los pensionistas, éstos también deberán cofinanciar el coste de los medicamentos con una aportación del 10% del precio del fármaco. Sin embargo, si la pensión del asegurado alcanza los 100.000 euros éste deberá abonar el 60% del coste, asemejándose así a los activos con el mismo sueldo. Por otro lado, y para garantía financiera del Sistema Nacional de Salud, el Gobierno dispone la creación de un Fondo de Garantía Asistencial, con carácter extrapresupuestario. Así se cubrirán "los desplazamientos entre comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla de personas que gozan de la condición de asegurado", tal y como describe el BOE. Además, el fondo creado permitirá compensar las actuaciones de los servicios de salud de las comunidades autónomas realicen en el marco de la cartera común básica.

Lucha contra el turismo sanitario

El objetivo de la reforma es conseguir un ahorro estimado de 7.000 millones de euros, de los cuales casi la mitad se conseguirá con las medidas antes narradas. Asimismo, el Gobierno también ha preparado un plan para luchar contra el turismo sanitario y el "uso fraudulento" de la sanidad por parte de extranjeros no residentes en España, con el que se ahorrarán unos 1.500 millones de euros. Así, los inmigrantes irregulares verán modificada su asistencia sanitaria primaria salvo en casos de embarazo, parto, postparto, urgencia por enfermedad grave o accidente hasta alta médica. Los menores no sufrirán ningún cambio.

Para ello, el Real Decreto ley incluye la modificación de la actual Ley de Extranjería y la adaptación completa de la directiva europea relativa al derecho de los ciudadanos de la unión y de los miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los estados miembros. La asistencia primaria a inmigrates ilegales salvo en embarazo, parto, postparto, urgencia por enfermedad grave o accidente hasta alta médica

La reforma también establece la creación de una Plataforma de Compras Centralizada para que las comunidades compren de forma conjunta medicamentos hospitalarios y tecnología médica, como ya se hace con la vacuna de la gripe, con la que se generará un ahorro de entre 1.000 y 1.500 millones de euros. El resto del ahorro procederá de la creación de una cartera común sanitaria, que entrará en vigor el 16 de septiembre, y que pretende eliminar discriminaciones por razón de residencia. Además se implantará 'e-salud' (700 millones de euros), para mejorar la coordinación entre los servicios sanitarios y los servicios sociales (600 millones de euros); y se elaborará un catálogo homogéneo de categorías profesionales que facilite la movilidad entre los servicios de salud (500 millones de euros).