«Hay empresas públicas con más consejeros que personal»

El Consejo de Ministros ha aprobado la supresión de 24 empresas estatales, el 17% total, aunque también desinvertirá en otras ocho sociedades públicas (el 6% del total) y agilizará la liquidación de otras trece empresas.

Así lo ha adelantado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, donde ha dicho que a las 45 operaciones que afectan a sociedades mercantiles (el 32% del total) hay que añadir desinversiones de participaciones minoritarias en otras 35 empresas. De esta forma, el Gobierno pretende poner "orden en casa" con medidas que afectan a un total de 80 empresas públicas, a lo que se suma la extinción o fusión de nueve fundaciones.

Entre las principales supresiones destaca la de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) y de otras sociedades más pequeñas como las filiales de Loterías y Apuestas del Estado para la prestación de servicios técnicos y para abordar la privatización.

La supresión y reducción de la participación del Estado en las empresas, según Sáenz de Santamaría, supone "el primer paso" de un proceso que el Gobierno espera que se produzca de forma "idéntica" en las comunidades autónomas y corporaciones locales. Estas cuestiones, que ya están abordando los grupos de trabajo creados para este fin, se negociarán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), respectivamente.

Sáenz de Santamaría ha recordado que en un CPFF del año 2010 las comunidades aceptaron reducir en un 25% sus administraciones y que ese objetivo aún no se ha cumplido, motivo por el que se ha retomado y está siendo examinado para adecuarlo a la actual realidad económica. Ha explicado que serán los grupos de trabajo del CPFF y de la CNAL los que organicen los proceso de simplificación, concepto además ligado a los planes de ajuste de los que depende el déficit y el nivel de deuda de cada administración.

Más de 2.000 empresas públicas

La vicepresidenta ha explicado que, según el inventario a cierre de 2011, la Administración General del Estado contaba con 228 empresas públicas y ahora se ha operado sobre 80 sociedades. En el caso de las comunidades, la cifra es "bastante superior" y "más aún" en los ayuntamientos, lo que arroja una cifra total de 2.372 empresas públicas, 626 fundaciones y 1.055 consorcios.

Sin embargo, no ha dado una cifra del ahorro que supondrá esta medida, aunque sí ha avanzado que la eliminación de las empresas reducirá en 154 el número de consejeros, lo que supondrá un ahorro de 1,08 millones en sueldos y dietas al año.

Tampoco ha cuantificado el impacto de la medida en empleo, aunque la portavoz del Gobierno sí ha dicho que afectará fundamentalmente al personal directivo, presidentes y consejos de administración. "Hay empresas con más consejo de administración que personal", ha señalado, tras poner algún ejemplo, como el hecho de que existan empresas con cuatro personas en plantilla y un consejo de administración más amplio. "Se ha aprendido mucho en este proceso", ha dicho.

En concreto, ha explicado que aún existía la sociedad 'Carmen, la comida de España 1992. Sociedad Anónima', una empresa creada para fomentar e impulsar la dieta española. "Para esto de las comidas, como que no estamos", ha apuntado. "

Sáenz de Santamaría ha recordado que ésta fue una de las primeras medidas que encargó el Consejo de Ministros al Ministerio de Presidencia y al de Hacienda y Administraciones Públicas para llevar a cabo la reestructuración del sector público. Estas medidas, según la portavoz, buscan reorganizar todo el sector público empresarial y fundacional bajo el principio de "eficiencia, economía y estabilidad presupuestaria".

Crédito para pymes

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ampliará este año cinco de sus líneas de crédito para destinar 22.000 millones (+16%) a la financiación de pequeñas y medianas empresas y autónomos que pongan en marcha "proyectos rentables". Soraya Sáenz de Santamaría ha precisado que esta medida afectará a las líneas ICO-Inversión, ICO-Internacionalización, ICO-Liquidez, ICO-Emprendedores e ICO-Rehabilitación.

Concretamente, la línea ICO-Inversión estará dotada con 9.000 millones de euros para la adquisición de vehículos y maquinaria y cubrirá, como novedad, la financiación de circulante. La línea ICO-Internacionalización se duplicará desde los 1.000 millones a los 2.000 millones de euros, para facilitar la salida al exterior de las pymes.

Además, la línea ICO-Liquidez incrementará su dotación de 6.000 millones a 8.000 millones de euros, para aliviar las tensiones de tesorería de las empresas, y la línea ICO-Emprendedores pasará de 750 millones a 2.000 millones de euros y podrán acceder a ellas autónomos, profesionales o empresas que hayan iniciado su actividad cinco años antes de la concesión del crédito.

En cuanto a la línea ICO-Rehabilitación, la portavoz del Gobierno no ha aportado ninguna cifra pero ha asegurado que debería servir para reactivar el mercado inmobiliario.

Sáenz de Santamaría ha enfatizado que el Gobierno persigue con esta medida que los proyectos de las pymes "no se queden en meras ideas, sino que lleguen a su fin". El ICO aporta el 9% de todo el crédito del sistema y el 15% si se contabilizan solo los préstamos en plazos superiores a cinco años, con lo que, según la vicepresidenta primera del Gobierno, "es una herramienta que hay que gestionar con responsabilidad".

Deudas de los ayuntamientos

Por otro lado, Sáenz de Santamaría ha explicado que los ayuntamientos españoles tienen facturas pendientes con casi 63.500 pequeñas y medianas empresas (pymes) y 50.259 autónomos, según consta en el listado que estas corporaciones han entregado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para acogerse al plan de pago a proveedores aprobado por el Gobierno. Ha recordado que tienen hasta el 31 de marzo para entregar también su plan de viabilidad para hacer frente a la devolución de los créditos que pedirán dentro del plan de pago a proveedores.

Para Sáenz de Santamaría, este mecanismo de pago, en el que participarán la mayoría de los bancos españoles así como el Instituto de Crédito Oficial (ICO), "va a ayudar" a que las pymes y autónomos "tengan liquidez y puedan mantener su actividad económica y nivel de empleo".