El Gobierno quiere facturas más claras y menos letra pequeña

Facturas más claras y que la letra pequeña, apretada y farragosa de muchos contratos tenga sus días contados. Esa es la intención del Gobierno. Ana Mato anunció este jueves que su departamento prepara un proyecto de ley sobre la atención del consumidor para acabar con estos abusos de las empresas. "Queremos más transparencia, que la opacidad de muchos productos financieros termine", ejemplificó la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un argumento que expuso en la Conferencia Sectorial de Consumo.

Mato insistió en que cualquier ciudadano tiene el derecho de saber, a la hora de comprar cualquier servicio de una caja o un banco, cuánto dinero puede ganar y cuándo puede recuperar su inversión si es un plazo fijo o variable. Muchos de los clientes de entidades financieras se han visto seriamente afectados por las consecuencias de la crisis, en especial en lo referido a las denominadas participaciones preferentes. Mato aseguró que el Gobierno revisará los procedimientos de contratación de este tipo de productos financieros, para que exista una obligación clara por parte de las entidades bancarias de facilitar toda la información necesaria a los ciudadanos.

En la conferencia sectorial también se acordó el desarrollo de un nuevo modelo de factura eléctrica, con una posible ampliación a otros campos de consumo de energía. El objetivo es hacerla más transparente, de más fácil lectura e interpretación por todos los consumidores. Se trata, en suma, de que los consumidores conozcan mejor los conceptos por los que se les está facturando para ayudar a gestionar mejor sus necesidades. "Queremos que las facturas eléctricas sean más legibles y entendibles", añadió en el Día Mundial de los Derechos del Consumidor.

Otra de las novedades de esta iniciativa será obligar a las empresas a que mejoren sus servicios de atención al cliente, sobre todo en el área de las reclamaciones. Las asociaciones de consumidores, según la ministra, insisten en que hay que mejorar estos servicios de las grandes compañías. "Vamos a potenciar que exista un servicio telefónico para quejas y reclamaciones, atendido, en primer lugar, por una persona. Ahora mismo lo primero que hay es una máquina", apuntó Mato. Asimismo, reconoció que en los últimos tiempos se ha legislado de espaldas a los consumidores. Por eso, recalcó la necesidad de unificar en uno solo las dos agencias sobre seguridad alimentaria y consumo. Este organismo no solo contribuirá a la racionalización en el uso de los recursos públicos, sino que acercará España a Europa y reforzará las políticas de protección de la seguridad de los consumidores, pues la agencia seguirá el modelo de la Dirección General Europea. La unificación de estos dos órganos, además, permitirá la participación de las asociaciones de consumidores en el ámbito de los alimentos, y aumenta su capacidad de actuación en pro de los consumidores.