Los parados con hipotecas bajas podrán evitar el desahucio

El Gobierno ha aprobado un código de buenas prácticas para que la banca pueda frenar los desahucios al aceptar que una familia "en riesgo de exclusión social" salde su hipoteca con la entrega de su vivienda, lo que se conoce como la dación en pago. La vivienda objeto del embargo será la única propiedad del hipotecado y no podrá valer más de 200.000 euros en las ciudades con más de un millón de habitantes; 180.000 euros en las de más de medio millón; 150.000 euros si supera los 100.000 ciudadanos y un límite de 120.000 euros en las poblaciones de menos de 100.000 habitantes. Además, para considerar que una familia esté en riesgo de exclusión social debe tener todos sus miembros en paro, sin ingresos ni actividad económica y sus cuotas hipotecarias serán superiores al 60% del conjunto de sus ingresos.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las condiciones se recogen en un código de buenas prácticas que se incluye en un decreto ley aprobado hoy. Aunque no se cambia la ley, sí tiene efectos retroactivos porque los titulares de hipotecas firmadas en el pasado se benefician de estas novedades si las entidades que concedieron sus préstamos se acogen al código de buen gobierno, que ha sido bien acogido por el sector, según ha asegurado la vicepresidenta.

La noticia fue avanzada ayer por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien señaló que "lo que se hará es establecer un periodo transitorio para facilitar y aliviar las cargas de este tipo de familias y posteriormente se podrá aceptar la posibilidad de la dación en pago y también la posibilidad de que aunque haya una dación en pago que salde la deuda, estas familias puedan seguir viviendo en dicha vivienda".

300.000 desahucios

Desde que empezó la crisis ha habido más de 300.000 ejecuciones hipotecarias en España y en estos momentos existe un millón y medio de familias con todos sus miembros en paro. Por eso, Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno trata de paliar la situación dramática de muchas familias que lo han perdido todo, con todos sus miembros en paro, que se van quedando sin ingresos y ante la imposibilidad de pagar sus hipotecas, se ejecutan sus viviendas y acaban en el desahucio.

Para evitar en última instancia el desahucio de las familias en riesgo de exclusión social, el Gobierno obligará a la banca que se adhiera al código a ampliar hasta cuatro años el periodo de carencia en el pago del capital de la hipoteca o a ampliar hasta un máximo de 40 años la vida de la hipoteca. También se recoge la posibilidad de abaratar el préstamo hasta aplicar un diferencial del 0,25 sobre el euríbor a un año y si aun así el deudor no puede hacer frente a su préstamo hipotecario el banco deberá ofrecerle una quita de su deuda.

Según los expertos, con esa quita se podría ajustar la hipoteca al valor actual de la vivienda. Si después de todas estas facilidades el deudor sigue siendo incapaz de pagar sus préstamos, podrá entregar su vivienda para saldar la deuda con el banco, aunque tendrá la opción de pagar un alquiler equivalente al 2% de la deuda pendiente durante dos años prorrogables.

Dación en pago

El 'Código de Buenas Prácticas' incluye medidas que tendrían un difícil encaje en el ordenamiento jurídico, como ocurre por ejemplo con la dación en pago, en el que la entrega de la vivienda al banco salda la deuda hipotecaria. Además de que obligar por ley a la dación en pago de manera retroactiva sería cuestionable, Economía cree que ello encarecería las hipotecas, ya que las entidades acabarían trasladando el coste al cliente. En este código, por tanto, se incluirá la dación en pago voluntaria para los colectivos en riesgo de exclusión, una posible moratoria de dos años antes del desalojo o la posibilidad de abonar durante ese plazo una cantidad equivalente a un alquiler.

Otra de las medidas voluntarias es que los bancos acepten asumir parte de su error al tasar muy cara una vivienda. Economía se muestra confiada en que las entidades acabarán asumiendo este código, dado que para ellas el desahucio es la última solución, y por el fuerte malestar que genera. Los bancos tendrán que reconocer si se adhieren o no a este código, con lo que deberán afrontar el coste de reputación que le suponga no atender el problema de las familias sin recursos que no pueden pagar su hipoteca.