Prisión con fianza de 6.000 euros para el maestro acusado de abusos

La Sección Segunda de la Audiencia de Castellón ha acordado el ingreso en prisión eludible con fianza de 6.000 euros para el maestro acusado de abusar sexualmente de nueve alumnas, que ayer no se presentó para ser juzgado. El docente, para quien el Ministerio Fiscal pide una pena de 35 años prisión, estaba citado ayer a las diez de la mañana en la sala de vistas, pero su abogado pidió un aplazamiento aportando un parte médico que el Instituto de Medina Legal no validó.

El tribunal envió a la Policía a su domicilio, pero los agentes no consiguieron localizarle, por lo que dictó una orden de búsqueda y captura, según han informado Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Finalmente, el procesado, acusado de varios delitos de abusos y corrupción de menores, se presentó por la tarde en el juzgado y fue detenido, pasando las noche en dependencias policiales.

Después de escuchar sus alegaciones, el tribunal ha ordenado su ingreso en prisión bajo fianza de 6.000 euros, y si la abona tendrá la obligación de presentarse ante el juzgado periódicamente. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado trabajaba desde septiembre de 2006 como maestro en el colegio Mestre Vicente Artero.

Desde 2009, prevaliéndose de su condición de profesor de primaria sometió a nueve alumnas menores de edad a diversos tocamientos, y en ocasiones lo fotografió. Fue detenido el 27 de enero de 2010, después de que varias personas vieran al acusado fotografiando a niños en el patio del colegio y alertaran a la Policía. En el momento de aquella detención, el procesado llevaba una cámara que contenía 21 fotografías tomadas por él en el interior de un aula del centro, en las que realizaba tocamientos a las menores.

El 29 de enero de 2010 el acusado entregó a la Policía Nacional 13 tarjetas de cámara fotográfica que contenían fotografías tomadas por el acusado desde 2009.

Los hechos, según la Fiscalía, son constitutivos de nueve delitos de abuso sexual y un delito de corrupción de menores en la modalidad de producción de pornografía infantil. Por ello, el fiscal solicita 35 años de prisión, inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público y ejercicio de profesión relacionada con la docencia durante seis años, y una orden de alejamiento de 5 años con respecto a las víctimas.