El Gobierno promoverá la dación en pago para familias sin ingresos

El Gobierno ha decidido conjurarse para frenar, en la medida de lo posible, el “drama humano” de los desahucios, como lo definió hoy en el Congreso de los Diputados el Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. Y lo hará a través de un doble frente. Por un lado, promoverá cambios normativos para acotar con exactitud al colectivo incluido en riesgo de exclusión social. En paralelo, iniciará los trabajos para definir un Código de Buenas Prácticas, cuya adopción será siempre voluntaria para las entidades financieras –y aquí está buena parte del reto de que las iniciativas sean eficaces- y que les otorgará ventajas fiscales cuando suavicen los desahucios a los más desfavorecidos.

De Guindos llegó a mencionar la dación en pago (la entrega de la vivienda para saldar la hipoteca) como solución para este grupo de afectados. El PSOE, por su parte, criticó la vaguedad de las palabras del ministro, al que acusó de crear “falsas expectativas”. Así lo expresó el ex ministro de Trabajo y ahora portavoz socialista en la comisión de Economía del Congreso, Valeriano Gómez, quien criticó que la panoplia de medidas sea voluntaria y no obligatoria para los bancos.

Gómez abogó por que esa obligatoriedad se imponga siempre a todas las entidades que reciban fondos públicos dentro de proceso de reestructuración que sigue el sistema financiero nacional. Conviene recordar, sin embargo, que esta fórmula (una de las banderas del Movimiento 15M) existe desde hace tiempo en la legislación hipotecaria española. El problema es que nadie la utiliza, ya que en el caso de optar por ella el banco o caja de ahorro de turno exigiría unas condiciones durísimas para conceder cualquier crédito.

Exclusión social

Hipotecas, impagos, avales, ejecuciones, lanzamientos, secretarios judiciales, cerrajeros, pérdidas de vivienda, renegociaciones, etc. Todo un elenco de términos que la crisis ha puesto desgraciadamente de plena actualidad en un país en el que el furor por comprar una casa, alentado también por la propia banca, durante los años de vino y rosas, y después el paro, ha dejado a miles de familias en la calle. Y no sólo eso, sino que tras perder la más preciada posesión muchos de los afectados aún deben un buen dinero al banco.

De Guindos se refirió en concreto a esos “dramas” para explicar que su intención es crear el concepto de umbral de exclusión social para proteger bajo ese paraguas a las familias con todos sus miembros en paro y cuya vivienda ejecutada sea la primera y única residencia. Según los últimos datos oficiales, en España hay más de 1,5 millones de hogares con todos sus componentes en la cola del paro. En todo caso, matizó después el Ministerio, los trabajos que ahora se inician tendrán especial atención para evitar el fraude y la picaresca a la hora de integrarse en el grupo.

Para estas personas, el Ejecutivo mejorará los procedimientos de ejecución de garantías hipotecarias con el objetivo de que si el piso sale a subasta se intente alcanzar siempre el precio más alto. También se incorporarán los cambios normativos necesarios para rebajar los intereses moratorios donde, añade Economía, “hay un margen claro para la moderación”.

En el capítulo del Código de Buenas Prácticas, el Gobierno propondrá que en caso de ejecución el pago de la hipoteca sea proporcional al número de cuotas ya abonada o que, alternativamente, se minore el capital pendiente de abonar. Del mismo modo, el gabinete De Guindos pretende que, en caso de que las garantías de la hipoteca no cubran el valor del préstamo, el banco o caja asuma parte de la pérdida “por la deficiencia en la tasación” o por la “desvalorización” que hubiera sufrido el inmueble.

Respecto a la dación en pago, ese Código permitiría la entrega del piso para los amparados por ese umbral de exclusión y, además, habría un periodo de carencia de hasta dos años para el desalojo. Durante ese tiempo, los hipotecados-ejecutados podrían vivir en la casa ya perdida pagando un alquiler. El ‘caramelo’ para convencer a las entidades financieras de sumarse al Código llegará en forma de beneficios en el impuesto de Sociedades. En concreto, mediante la posibilidad de incluir como gasto fiscalmente deducible las eventuales pérdidas en que hubieran incurrido.