El Gobierno recorta hasta un 35% el salario base a la cúpula de las empresas públicas

Nueva vuelta de tuerca en la política de austeridad que desarrolla el Gobierno. El Consejo de Ministros aprobó hoy rebajar hasta un 35% el salario base a las cúpulas de las empresas públicas. Se trata de una primera fase de ahorro dentro de un programa más ambicioso que pasa por achicar el parque público en manos del Estado mediante fusiones o privatizaciones.

El Ejecutivo también reducirá en cien el número de asientos en los consejos de administración de esas firmas, lo que comportará un ahorro en dietas de un millón de euros. La incógnita, sin embargo, es cuánto dinero se ahorrarán las arcas públicas con este paso. Sáenz de Santamaría lanzó un guante a los sindicatos, a los que invitó a hacer públicos los emolumentos de sus dirigentes así como todas sus fuentes de financiación toda vez, recordó, que en parte se financian con dinero público.

Transparencia y homologación con el sector privado, junto a una señal casi obligada tras el tijeretazo al sueldo a los funcionarios de mayo de 2010, fueron algunos de los argumentos de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al explicar la medida para los directivos de empresas como la Sepi, Navantia, Renfe, Adif o Aena. Aún así, la ‘número dos’ de Mariano Rajoy explicó que los emolumentos serán “razonables” y suficientes”, y descartó que la rebaja provoque una suerte de ‘fuga de los mejores cerebros’ de las compañías públicas.

El nuevo ‘statu quo’ salarial tendrá en cuenta el tamaño y la actividad de cada empresa, y dará lugar a una clasificación de las compañías, que quedarán divididas en tres categorías en las que el salario “básico” no podrá superar los 105.000, los 80.000 y los 55.000 euros anuales brutos, respectivamente. Las retribuciones no dinerarias, como las aportaciones a planes de pensiones o las ayudas para vivienda, no se podrán pagar fuera de esa cantidad límite.

Control a los complementos

Junto a ese concepto básico, los dirigentes de las empresas públicas percibirán un complemento por ‘puesto de trabajo’ y, si así se dictaminase, otro variable que irá siempre en función de objetivos. Ambos complementos los fijará el Ministerio de Hacienda y no podrán superar un porcentaje de la retribución total que también fijará el departamento de Cristóbal Montoro.

Además, todas las retribuciones se harán públicas en las pertinentes memorias anuales de las empresas, que deberán adoptar los criterios de buen gobierno de las compañías cotizadas. En el capítulo de los consejos de administración, y atendiendo a la misma clasificación anterior, los órganos de gobierno de las empresas públicas se reducirán hasta un máximo de 15, 12 o 9 asientos.

La vicepresidenta puso como ejemplo de recorte de los salarios básicos el caso de los presidentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Navantia y Hunosa, donde el ajuste será del 27%, el 28% y el 23%, respectivamente. El tijeretazo medio rondará el 25% o 30%, llegando al 35% en el caso de las compañías más pequeñas.

Soraya Sáenz de Santamaría no dejó pasar la ocasión e invitó a los sindicatos a explicitar el salario de sus dirigentes. El mensaje llega después de filtrarse que el secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez, cobrará el pasado año 181.000 euros anuales en su condición de consejero de Caja Madrid.

Algo que el interesado desmintió de forma tajante al asegurar que “toda percepción o dieta” que perciba un representante sindical va a parar al instante al propio sindicato. “Deberían (las centrales) valorar si ha llegado el momento de hacer ese ejercicio de transparencia que estamos haciendo en el sector público”, sentenció la vicepresidenta.