El Estado impondrá recortes de gastos y cambios fiscales a las autonomías y ayuntamientos que vulneren el déficit

El Estado podrá hacer y deshacer en los presupuestos de las administraciones públicas que vulneren los objetivos de estabilidad hasta sanearlas. El ministro de Hacienda desgranó este viernes los detalles de la futura ley de estabilidad y sostenibilidad financiera, cuyo anteproyecto aprobó el Consejo de Ministros. Cristóbal Montoro afirmó que las comunidades autónomas y entidades locales que incumplan los planes de reequilibrio tendrán nueve meses para corregir las desviaciones antes de ser intervenidas.

La “intervención” -así la denominó Montoro- consistirá en la visita de delegaciones del Ministerio de Hacienda a las administraciones incumplidoras, al objeto de valorar la situación presupuestaria e imponer ajustes. El ministro aclaró que la vista “no será amable” y consistirá en “poner los deberes, trabajar en paralelo y hacer los ajustes correspondientes”. En otras palabras, obligar a las autoridades territoriales a acometer recortes en partidas concretas de gastos e incluso introducir cambios en su política tributaria para reequilibrar las cuentas.

El anteproyecto de ley orgánica, que el Gobierno remitirá ahora al Consejo de Estado, establece también varias sanciones para las autonomías, ayuntamientos y diputaciones que derrochen. El incumplimiento de los objetivos de déficit acarreará la presentación automática de un plan de económico-financiero. En caso de vulneración de ese plan, se constituirá un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses se convertirá en multa. Si persistiese la senda negativa, a los nueve meses empezará el desfile de técnicos del Estado y la consiguiente intervención.

Sanciones europeas

La norma, que desarrolla la llamada ‘regla de oro’ de estabilidad consagrada en el artículo 135 de la Constitución, transpone al ordenamiento jurídico español los mecanismos correctivos de la UE. En adelante, cualquier multa o sanción que Bruselas pudiera imponer a España por desviarse del proceso de consolidación presupuestaria el Estado la trasladará a la administración responsable del desfase.

Asimismo, el cumplimiento de los objetivos se tendrá en cuenta a la hora de autorizar emisiones de deuda, la concesión de subvenciones y la suscripción de convenios.

Cuando elaboren los presupuestos, las administraciones públicas no podrán incrementar sus partidas de gastos por encima del crecimiento del PIB. Y a la hora de realizar esos pagos, tendrá prioridad absoluta la amortización de la deuda pendiente. El objetivo final es que, para 2020, todas las administraciones tengan equilibrio o superávit presupuestario y que la deuda pública esté por debajo del 60% del PIB.

Durante el período transitorio, en el que España deberá realizar un gigantesco ajuste, la deuda pública se reducirá siempre que la economía nacional crezca. Cuando la tasa de crecimiento alcance el 2% del PIB o se genere empleo neto, el ratio de endeudamiento deberá recortarse, mínimo, dos puntos por año. El déficit estructural de las administraciones deberá reducirse un 0,8% del PIB en media anual. Las sendas de déficit serán revisadas en 2015 y 2018.