Garzón invoca la 'doctrina Botín' para suspender su juicio

El abogado de Baltasar Garzón en el juicio por investigar los crímenes del franquismo, Gonzalo Martínez Fresneda, ha apelado al tribunal que aplique la 'doctrina Botín' para anular la vista oral que ha finalizado a las 13.30 horas. Lo ha hecho en el trámite de cuestiones previas. El próximo 31 de enero se reanudará el juicio, con las declaraciones del acusado.

Pero Martínez Fresneda ha ido más allá y también ha criticado la tramitación del proceso seguido por el instructor del Supremo Luciano Varela, "que asesoró a Manos Limpias" para poder acusar al juez. La 'doctrina Botín' la estableció el Supremo cuando exoneró al presidente del Banco Santander de ser juzgado en un caso de cesiones de crédito, en 2007. El alto tribunal estableció que si el fiscal y la acusación particular no acusan, como es el caso del juicio contra Garzón, no puede prosperar el proceso y no cabe abrir juicio oral.

En este sentido, la Fiscalía también ha pedido el sobreseimiento de la causa y ha sostenido que la actuación del magistrado del Tribunal Supremo que la instruyó, Luciano Varela, ha sido "absolutamente insólita e insostenible". "No he visto nada igual en 36 años de carrera", ha afirmado el fiscal Luis Navajas en referencia a la providencia en la que, en abril de 2010, Varela dio una "segunda oportunidad" al sindicato ultraderechista Manos Limpias para que subsanara los defectos advertidos en su escrito de acusación, orientándole además sobre cómo hacerlo. Según el fiscal, el magistrado instructor "devolvió el toro a los toriles porque el morlaco (...) no estaba bien presentado para torearse en una plaza de primera", y lo hizo pese a que la ley no se lo permite, ya que sus competencias "no son tan generosas como las de un presidente de plaza".

Correcciones

La providencia, ha añadido Navajas, "transmuta un escrito de acusación que por sí mismo no se salvaba, y el juez colabora y coadyuva a reconstruir lo absolutamente irreconstruible". Aunque la decisión del instructor fue inmediatamente recurrida por Garzón, la sala de lo penal avaló a Varela, según el fiscal "con cierto sarcasmo", ya que su argumento fue que las correcciones iban en beneficio del derecho de defensa. "La única resolución que no hubiese lesionado los intereses del imputado era la exclusión de la acusación y la extinción de la causa", ha sostenido Navajas.

El fiscal también ha apoyado la pretensión de la defensa de Garzón de que se le aplique la llamada "doctrina Botín", que impide la apertura de juicio oral a instancias solo de una acusación popular cuando no hay particular y el Ministerio Público no acusa. "La acusación popular es puramente adhesiva, solo tiene facultades si se ve acompañada de acusación particular o del Ministerio Fiscal", ha dicho.

La Sala de lo Penal ya resolvió durante la instrucción esta petición de la defensa de Garzón y rechazó de plano el archivo de la causa, que también reclamó la Fiscalía. Dijo entonces el Supremo que existía una excepción que matizaba la 'doctrina Botín'. Era la llamada 'doctrina Atutxa', que amplió la extensión de la primera a los casos en los que se dañara a alguien en concreto. A Juan María Atutxa, expresidente del Parlamento Vasco, el Supremo le condenó por desobediencia civil por no disolver el grupo parlamentario Socialista Abertzaleak. Argumentaron los magistrados que su rechazo iba en contra de los intereses colectivos y rechazaron aplicarle la 'doctrina Botín', pese a que la fiscalía y la acusación particular no acusaban. Sólo lo hacía la acusación popular, ejercida curiosamente por Manos Limpias, la misma parte que ahora ha logrado sentar a Garzón en el banquillo.

Máxima expectación

Entre los asistentes en la sala de vistas, había representantes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y de la Comisión Internacional de Juristas, que han participado como "observadores" en el juicio porque creen que la decisión del Supremo incidirá sobre otros procesos relacionados con la persecución de delitos de jurisdicción universal, en la que España fue pionera gracias a Garzón. La sala que juzga desde hoy a Garzón está integrada por los magistrados Carlos Granados (presidente), Andrés Martínez Arrieta (ponente), Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez, José Ramón Soriano, José Manuel Maza y Miguel Colmenero.

Según han informado fuentes jurídicas, el Tribunal Supremo ha vuelto a rechazar esta mañana la recusación de Perfecto Andrés Ibáñez después de que el sindicato ultraderechista Manos Limpias recurriera en súplica el rechazo del Alto Tribunal a apartar a este magistrado, del que consideran que tiene "interés directo o indirecto en la causa".

Fuera varias decenas de personas se han concentrado frente al Tribunal Supremo en apoyo al juez Baltasar Garzón. "Verdad, justicia, reparación. Ni olvido ni perdón", "Tenemos memoria, queremos justicia", "Heridas abiertas, fosas cerradas", "Hay que juzgar al franquismo criminal", "Garzón, amigo, el pueblo está contigo" o "Tribunal Supremo, suprema impunidad", son algunos de los gritos que están coreando los concentrados, entre quienes se encuentra el coordinador general de IU, Cayo Lara.

Además del apoyo de estas personas, Garzón tiene el respaldo de varios de sus compañeros de la Audiencia Nacional, entre ellos los jueces Fernando Andreu, Santiago Pedraz y José Ricardo de Prada Solaesa y la fiscal Dolores Delgado, que ya le estuvieron acompañando en el Tribunal Supremo la semana pasada, cuando fue juzgado por ordenar las escuchas del "caso Gürtel".