Los gestores públicos tendrán obligaciones legales y sanciones penales

El Ejecutivo establecerá una serie de obligaciones legales a los gestores públicos para poder sancionarlos penalmente si incurren en una falta de "dolo acreditado" o tienen "gran culpa" en el incumplimiento de sus presupuestos económicos regionales o en el de los objetivos de déficit público establecidos.

Durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que la nueva Ley de Transparencia acordada en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera determinará un conjunto de obligaciones legales de los gestores públicos para poder establecer posteriormente un régimen de infracciones y sanciones.

"Habrá una Ley de buen gobierno", ha dicho la vicepresidenta, que ha explicado que una vez fijadas las obligaciones legales de los gestores que guiarán la elaboración de sus presupuestos, techos de gasto y objetivo de déficit, se revisará el régimen sancionador. Ha añadido que habrá que establecer para los casos de dolo acreditado o gran culpa "una reacción desde el punto de vista penal".

"Hoy por hoy existe una responsabilidad de los gestores públicos que se determina en infracciones en el ámbito administrativo y contable y el más grave conlleva una sanción penal", ha puntualizado, aunque ha dicho que para que haya sanciones de una u otra naturaleza hay que establecer primero las obligaciones legales de cada gestor público. La vicepresidenta ha recordado que las sanciones penales a los malos gestores pueden conllevar penas de prisión u otras "también adecuadas" como las inhabilitaciones, cuyas causas podrían ampliarse.

Reducción de la administración

Además, Santamaría ha indicado que las nuevas medidas están "condicionadas" al cumplimiento de los objetivos de déficit y a la puesta en marcha de reformas estructurales. Sobre el plan de reestructuración del sector público, ha estimado que el ahorro en la reducción de direcciones generales "sólo en gastos de personal y sin mermar en eficacia" puede llegar a un millón de euros.

Ha señalado que ya se ha creado un grupo de trabajo para seguir la implementación de los planes de reducción de los organismos autónomos y entes públicos regionales. También ha avanzado que el Consejo ha aprobado reducir en un 18% el número de subdirecciones generales del Ministerio de Presidencia, que han pasado de 23 a 19 y otras tantas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dentro del plan de austeridad y contención del número de altos cargos de la estructura ministerial.