Chaves: «Solo hay responsabilidad penal si existe delito»

Los políticos o gestores públicos que incumplan el déficit podrían ir a la cárcel. Este es el anuncio que ha realizado en una radio esta mañana el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que ha levantado las suspicacias de muchos políticos...

El diputado de CiU Carles Campuzano ha calificado de "paternalista" la actitud del Gobierno del PP respecto a las comunidades autónomas y ha asegurado que quien debe asumir responsabilidades por la gestión de la crisis es el Ejecutivo central y no culpar a los autonómicos, que cuentan con un "margen de actuación limitado". En este sentido, ha remarcado que las comunidades "viven de las transferencias" que autoriza el Estado, asumiendo las responsabilidades "con un margen de actuación limitado".

El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha asegurado que las sanciones deberían ser retroactivas y que, al igual que ocurre con la deuda, "aquí no debe haber prescripciones". "Creo que se quedó corto el ministro", ha señalado Monago. "¿Aquí hay una amnistía para los que han gastado como si fueran los dueños de la cafetería, invitando a todo el mundo, dejando a deber y no pasa nada? ¿Pasa a partir de ahora?", se ha preguntado, antes de recalcar que él cree que las responsabilidades serán para todos, "para los que están y para los que estuvieron" porque "aquí no hay prescripciones".

El presidente del PSOE, Manuel Chaves, ha recordado a Montoro que, en un Estado de derecho como el español, los gestores públicos que cometen un delito ya están sometidos a las leyes, en tanto que las responsabilidades políticas deben dirimirse en el Parlamento. Su criterio es que excederse en el gasto, si eso implica la comisión de un delito, ya está penado por las leyes, pero, si no es un delito, se reduce a una responsabilidad política. Otra cosa son, a su juicio, las responsabilidades políticas, que "siempre se deben exigir en el Parlamento, por el control o por las iniciativas parlamentarias".

El portavoz del grupo del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha precisado hoy que los castigos por mala gestión se aplicarán a los políticos que asuman gastos que no estén contemplados en la respectiva ley presupuestaria. Para Alonso, más que poner en marcha castigos a quienes incurran en déficit, se trata de activar mecanismos penales a los gestores públicos que hagan gastos que no estén recogidos en la ley presupuestaria. Así se buscaría erradicar la emisión de facturas por una serie de inversiones que no encuentran justificación en los Presupuestos correspondientes. El portavoz del PP ha recordado que la medida adelantada por Montoro en realidad formó parte de la campaña electoral de los populares, e incluso antes ya fue una posibilidad que apuntó esta fuerza política con el fin de poner coto a algunos desmanes presupuestarios.

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha dicho que "falsear la contabilidad pública es un delito" porque cualquier falseamiento de la contabilidad pública es una infracción penal". Griñán ha comentado que quizás no se ha entendido bien lo que Montoro ha querido decir, y ha puesto como ejemplo que "el gestor sanitario sabe que tiene que gestionar todos los problemas de salud que pueda recibir en un año". Ha añadido, que si están previstas más de 32.725 operaciones de cirugía menor ambulatoria y hay 45.000, el gestor sanitario no va a dejar de hacerlas, pero "lo que no puede es dejar de contabilizarlas", que es, a su juicio, a lo que se refiere "razonablemente bien" Montoro.

El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha cuestionado que la legislación dé para tanto" como para permitir exigir responsabilidades legales a los gestores públicos que eleven el gasto más allá de lo fijado en el presupuesto, y ha asegurado que es una idea "muy fuerte" de la que no se debe hablar "de momento". En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Azpiazu ha asegurado que es mejor "convencer" y "llegar a acuerdos" para controlar el déficit publico antes que plantear sanciones legales.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha advertido de que las responsabilidades penales sobre los gestores públicos que eleven el gasto más allá de lo presupuestado recaerán sobre todo en cargos del PP. "Si el Gobierno quiere perseguir penalmente a gestores, tiene a muchos representantes del PP que han hecho un uso absolutamente inadecuado de los recursos públicos como ha sucedido en la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Madrid", ha sentenciado.