El expresidente de EE UU, George W. Bush. / Archivo
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La Audiencia plantea imputar a Bush por Guantánamo

El juez Ruz pide a la Fiscalía que le diga si el expresidente de EE UU es responsable de las torturas

MADRID Actualizado: Guardar
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La Audiencia Nacional ha planteado la imputación del expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, por su supuesta responsabilidad penal en las torturas de Guantánamo. El paso lo ha dado el juez Pablo Ruz, que ha reactivado la investigación derivada de la querella presentada por dos ciudadanos españoles de origen magrebí, Hamed Abderrahman Ahmed y Lahcen Ikasrrien, que estuvieron retenidos en la cárcel naval cubana, símbolo de la guerra contra el terrorismo de Bush.

El juez ha estimado que la jurisdicción española es competente para investigar los hechos y ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que le remita un informe con las personas contra las que “entienda pertinente dirigir la acción penal como presuntos responsables de los hechos de la investigación”.

La querella acusaba directamente de la práctica de torturas en Guantánamo a George W. Bush, al exvicepresidente Dick Cheney, al exsecretario de Estado de Defensa Donald Rumsfeld, al excomandante de la base, el general Michael Lehner, y al responsable de las operaciones de detención, el general Geoffrey Miller.

Declaraciones

Otras de las acusaciones personadas en el proceso, la Asociación Pro Dignidad de los presos y presas de España, pidieron también la imputación de tres mandos militares con funciones operativas en el centro de detención: Jay W. Hood, Mitchel R. Leclaire y James T. Payne III. El juez Ruz, de momento, es partidario de que estos uniformados declaren en calidad de testigos. Asimismo, en noviembre pasado el abogado de los querellantes reclamó la imputación de George Tener, exdirector de la CIA, tras presentar diversa documentación de ONG internacionales sobre la vulneración de los derechos humanos en Guantánamo.

El magistrado Ruz, titular del juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, ha decidido reactivar la causa después de que las autoridades estadounidenses, a través de la Embajada de Madrid, hiciera oídos sordos a las cinco providencias enviadas desde 2009 hasta septiembre pasado sobre estos hechos.