La juez eleva de 90 a 250 los controladores imputados

La juez de Madrid que investiga la huelga salvaje que cerró el espacio aéreo español hace un año acusa a los controladores imputados, ya más de dos centenares, de "confabularse para perjudicar el servicio público".

La magistrada María del Sagrario Herrero, del juzgado de instrucción número 3 de Madrid, tiene indicios de que los empleados públicos tramaron un complot días antes del paro encubierto, que tuvo lugar el 3 y 4 de diciembre de 2010 y que dejó atrapados en los aeropuertos a casi un millón de pasajeros.

La investigación de la juez comenzó en junio pasado, una vez que la Fiscalía le entregó las denuncias y diligencias policiales contra los sospechosos. La principal línea de trabajo es desenmascarar la trama urdida por los encausados. Por este motivo, la magistrada intenta transcribir las comunicaciones entre los controladores e indaga el cruce de llamadas y los mensajes de móvil de los imputados en los días previos al puente de diciembre.

También quiere conocer las conversaciones desde las torres y el centro de control no sólo con Madrid sino con el resto de España. La intención de la juez es saber si la "confabulación" alcanzó a controladores de Cataluña, Canarias, Baleares, Galicia, País Vasco y Andalucía, lugares donde otros siete jueces tienen causas penales abiertas por la huelga salvaje de hace un año.

Sólo en Madrid, la juez ya ha elevado de 90 a 250 el número de imputados y de momento ha tomado declaración en su juzgado a un centenar de controladores. A todos ellos les acusa de sedición por el abandono de funciones públicas, coacciones y secuestro, en la medida en que hubo varios aviones con los pasajeros preparados para el despegue y a los que se le obligó a abandonar el aparato después de tres horas de espera en la pista. Esto ocurrió en la tarde del 3 de diciembre, cuando comenzó el cierre del espacio aéreo que se alargó hasta la media tarde del día siguiente.

Testigos

En el juzgado de instrucción 3 de Madrid han declarado como testigos 40 personas, buena parte de ellas trabajadores de AENA. La instructora también tiene previsto citar a quienes negociaron el fallido convenio previo al paro de los controladores, a altos cargos de AENA y del Gobierno en la fecha de los hechos, y a militares que acudieron a las torres de control cuando se decretó el estado de alarma, según fuentes jurídicas.

Entre las diligencias pendientes está saber qué ocurrió con las comunicaciones con los distintos aeropuertos europeos. Por este motivo ha llamado a declarar al presidente de NAV, la navegación aérea portuguesa.

Según las mismas fuentes, en caso de una hipotética condena, los controladores responderán con su propio patrimonio, sin perjuicio de que finalmente se considere responsable civil subsidiario a la entidad pública AENA. Hasta la fecha, está personado como acusación particular un bufete de abogados que agrupa a unos 5.800 perjudicados, la organización OCU, con 2.000 afectados, y expedientes particulares de unos 8.000 pasajeros más.