Reino Unido vive la mayor huelga de funcionarios en décadas

Enfermeras, maestros, bibliotecarios y agentes de aduanas han participado hoy en la mayor huelga en décadas en el Reino Unido en protesta contra los cambios impuestos por el Gobierno de David Cameron al sistema de pensiones del sector público. Según los sindicatos, unos dos millones de funcionarios han secundado el paro, que sin embargo fue minimizado por el Ejecutivo y calificado por Cameron de "fiasco".

Entre el 60% y el 98% de los colegios -cifras correspondientes a Inglaterra y Escocia- han cerrado, incluido el de los hijos del primer ministro, así como juzgados, bibliotecas y oficinas gubernamentales, mientras miles de intervenciones quirúrgicas no urgentes fueron canceladas en el Servicio Nacional de Salud.

Uno de los servicios más afectados fue el de ambulancias, con más de un 40% del personal en huelga en Londres, lo que motivó que las autoridades pidieran a la población que solo llamase en caso de peligro de muerte. Los aeropuertos, donde se temían grandes filas por la ausencia de agentes de aduanas, vivieron sin embargo una jornada sin incidentes debido a los planes de contingencia habilitados, que incluyeron la reducción del número de vuelos.

Medio millón de empleados del sector público han hecho huelga en Escocia y Gales, mientras que en Irlanda del Norte se han suspendido los servicios de tren y autobús.

Cameron, algunos de cuyos colegas en su oficina de Downing Street respaldaron la huelga, ha tildado el paro de "dañino e irresponsable", al tiempo que ha defendido como "razonable y justa" la oferta del Gobierno para los empleados del sector público.

Por su parte, la casi treintena de sindicatos que convocaron la huelga, la mayor desde las protagonizadas por funcionarios en 1978 y 1979 (periodo conocido como "Invierno del descontento"), afirman que los cambios son "injustos", ya que implicarán trabajar y contribuir más para percibir al final un monto de pensión inferior.

Críticas laboristas

Si bien no apoyó directamente el paro, el líder de la oposición laborista, Ed Miliband, ha expresado sus simpatías por "las ayudantes de comedores infantiles, enfermeras o profesores que han decidido hacer huelga por la difícil posición en que les ha puesto un Gobierno que no quiere negociar como es debido". Miliband ha criticado que el Ejecutivo conservador-liberaldemócrata "imponga un aumento del 3% en las contribuciones de algunos de los trabajadores peor pagados del país no para garantizar sus pensiones, sino para reducir el déficit".

Decenas de miles de personas participaron en una manifestación en Londres, similar a otras celebradas en ciudades como Birmingham o Manchester, en defensa de las pensiones del sector público, las únicas que quedan en este país ligadas al salario.

En el Reino Unido, desde la eliminación del vínculo entre pensión y sueldo, la pensión estatal es una cantidad mensual fija pequeña -al margen de la remuneración que se recibiera durante la vida laboral- y debe complementarse con planes de pensiones privados. "Cuando uno opta por trabajar en el sector público, sabe que el sueldo será en general modesto, pero cuenta con una buena pensión al final de su carrera. No es justo que nos penalicen por la erosión de derechos en el sector privado", declaró a Efe Peter Sanders, subdirector de una escuela del este de Londres.

Las relaciones entre Gobierno y sindicatos se han tensado durante meses de infructuosas negociaciones y fracasaron todos los intentos de detener la huelga por parte del Ejecutivo, que llegó a sugerir un paro simbólico de quince minutos sin merma de salario.

Cameron se mostró hoy tajante en cuanto a las consecuencias del paro y amenazó con una reforma de la ley sobre huelga que incluiría, entre otras cosas, la eliminación de la figura de los representantes sindicales "liberados" en el sector público.

Retrasar al jubilación

Las movilizaciones que recorren el país son para protestar por la reforma, además de elevar la edad mínima para cobrar las pensiones, prevé aumentar las contribuciones individuales y reducir el monto final, que pasará a calcularse con una media del salario percibido en toda la vida laboral, en lugar de con la última remuneración.

En un intento por evitar la huelga, el Gobierno presentó este mes una nueva oferta "mejorada" que contempla que el retraso previsto de la edad de jubilación no afecte a los funcionarios que vayan a jubilarse la próxima década, que a su vez mantendrían invariable el monto de su pensión.

Además, el Ejecutivo planteó también incrementar el límite de las contribuciones estatales y mejorar el ratio por el que las pensiones aumentan su valor anualmente.