La comisión de expertos aconseja sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos

La comisión de expertos impulsada por el Gobierno para estudiar el futuro del Valle de los Caídos considera que los restos del general Francisco Franco, enterrados en este lugar, sean trasladados al sitio que designe la familia o, en su caso, al que se considere digno y más adecuado. Esta decisión ha contado la oposición de tres de los once integrantes del grupo de expertos.

La comisión, que ha presentado hoy sus conclusiones, ha supeditado esta decisión a que el Gobierno alcance un consenso parlamentario así como la autorización de la Iglesia al ser la autoridad competente en un lugar de culto. Sin embargo, sobre José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, este informe recomienda mantenerlo en el Valle al ser víctima durante la guerra, pero "sin ocupar un lugar destacado" sobre el resto de fallecidos.

El amplio informe elaborado hace referencia además a la idea llevar a cabo un "rediseño integral" de la abadía, incluso el bosque que lo rodea. En la mayor parte de las conclusiones existe un consenso de los expertos y ahora será el Gobierno de turno quien decida llevar a cabo las decisiones. El informe, que no es vinculante, llega cuando se cumple el plazo de seis meses dado por el Gobierno socialista aunque deba ser el próximo Gobierno el que decida si seguir adelante con las conclusiones.

La comisión está copresidida por Virgilio Zapatero y Pedro José González-Trevijano, y está formada, entre otros, por los miembros del Consejo de Estado Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Amelia Valcárcel Bernardo de Quirós, los catedráticos Carme Molinero, Alicia Alted, Carmen Sanz y Ricard Vinyes, además del profesor Manuel Reyes y el antropólogo social Francisco Ferrándiz, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También forma parte Hilari Raguer i Suñer, historiador y monje de la Comunidad Benedictina de Montserrat.

González-Trevijano, Herrero y Rodríguez de Miñón y Barrios son los tres que han emitido sus votos particulares. Consideran que la exhumación resultaría "impropia" porque "exige una negociación con la autoridad eclesiástica, dado la condición de lugar sagrado de la basílica", y esto, según los expertos, "es incompatible con los acuerdo con la Santa Sede de 1979". Además, afirman que la decisión contribuye a "dividir y radicalizar a la opinión pública dado las graves circunstancias económicas, sociales y políticas" actuales.