El escándalo de Caja Mediterráneo ya tiene, oficialmente, una vertiente judicial. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, acaba de dictar un auto por el que se declara competente para investigar las supuestas responsabilidades penales en las que podría haber incurrido la antigua dirección de la caja de ahorros, que por el momento se resumen en los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y delito societario.
El magistrado acaba de notificar un auto, que está en poder de este periódico, en el que recuerda que por parte del Juzgado Central Decano de los de Instrucción de la Audiencia Nacional se dieron a reparto las querellas presentadas por el letrado murciano Diego de Ramón Hernández y otros, que iban dirigidas contra la exdirectora general de la CAM, María Dolores Amorós, y cuantas otras personas hubieran podido tener responsabilidad en el «quebranto económico» sufrido por la citada entidad, con «pérdidas ocultas por importe de 4.587 millones de euro».
Grande-Marlaska, a quien le cayó el asunto por el citado reparto, pidió un informe al Ministerio Fiscal y éste coincidió en el que la Audiencia Nacional era competente para instruir la causa. Ahora, el juez ha confirmado que acepta la competencia para abrir una investigación contra la antigua cúpula de la CAM y deja constancia de que, a priori, «los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un delito de estafa, un delito societario y un delito de falsedad documental».
Retribuciones escandalosas
En su resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 va más allá de la confirmación oficial de que va a instruir el asunto. Aprovecha el auto para ordenar que se libre un oficio al Banco de España, «a fin de que por los administradores provisionales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y Banco CAM den cuenta de su situación y, principalmente, de cuantas irregularidades e incumplimientos de la normativa bancaria y mercantil se pudieran haber cometido por los anteriores responsables de estas entidades». Igualmente insta a que los administradores de la entidad «presenten un informe de avance a la menor brevedad posible».
Por parte del Ministerio Público, la investigación del asunto ha sido asumida por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y, en concreto, por los fiscales Luis Pastor Mota y Luis Rodríguez Sol.
En la querella que ha dado origen a la apertura de diligencias en la Audiencia Nacional, el letrado Diego de Ramón relata una serie de supuestas irregularidades en las que habría incurrido la anterior cúpula directiva de la CAM, entre las que destaca el presunto reparto de 71 millones de euros en créditos entre siete consejeros de la caja, y de otros 18 millones de euros, en los últimos cuatro años, en concepto de retribuciones. En el escrito del abogado murciano se denuncia, igualmente, el presunto disfrute de «créditos blandos» por parte de un grupo de varios de esos exdirectivos. Asuntos, todos ellos, que ya están siendo investigados.
Seis demandas
Tras el anuncio, esta misma semana, de la plataforma de unidad sindical de la CAM de una nueva querella por las rentas vitalicias, de hasta 30 millones de euros, distribuidas por los siete directivos y gestores de la anterior cúpula (algunos de los cuales siguen en activo y con altas responsabilidades), serán ya seis las demandas tras la intervención de la entidad por el Banco de España. A día de hoy, los sindicatos siguen redactando la denuncia con varios abogados especialistas, según fuentes de la plataforma que integran Sicam, UGT, CC OO, Alta, Csica y el Sindicato Vietnamita, que incluso se reunieron con el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.
El resto de las denuncias son las del Movimiento 15M y el partido Vecinos por Alicante, en el caso de esta ciudad. La de Cercle Obert del municipio valenciano de Benicalap y las del sindicato de funcionarios Manos Limpias, donde ya se habían iniciado diligencias previas de investigación.
Además, la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional abrió diligencias de oficio contra la exdirectora general María Dolores Amorós, tras acusarla el Banco de España y los administradores del Frob de diversas irregularidades y de falsear las cuentas de la entidad.
