Los profesores serán autoridad pública en Cataluña

El aumento de las agresiones por parte de los padres de alumnos a sus profesores ha empujado a la Generalitat catalana a reconocer como autoridad pública a todos los docentes no universitarios.

"Hay que enviar a la sociedad un mensaje de respeto y estima a la autoridad de los docentes porque es garantía de civilización y civismo", ha afirmado la Consejería catalana de Educación, que sigue los pasos de Madrid, La Rioja y la Comunitat Valenciana, las tres primeras autonomías españolas que concedieron por ley el rango de autoridad pública a los maestros. Extremadura y Castilla La Mancha ya están tramitando leyes de este tipo.

Cataluña, que desarrollará próximamente la norma, sólo reconocía hasta ahora más poderes a los directores de escuela. Pero tres incidentes graves acaecidos en las últimas dos semanas han sido las gotas que han colmado el vaso. En Constantí (Tarragona), el pasado 5 de octubre, la madre de una alumna fue detenida por agredir a una profesora del CEIP Centcelles. La mujer, según testigos presenciales, golpeó a la docente en la cara y le tiró del pelo, hasta que la maestra cayó al suelo, donde recibió varias patadas, todo ello en presencia de la alumna. El padre de la niña, también presente en el altercado, fue denunciado por insultos. Asimismo, en Maçanet de la Selva (Girona), la abuela y la madre de un alumno amenazaron a una maestra y en el Vallès (Barcelona) ocurrió un tercer incidente, aunque no han trascendido las circunstancias.

El tratamiento legal de los ataques a funcionarios, sobre todo a profesores y médicos, que son los colectivos que sufren más incidentes, es más severo desde 2006. Ese año, el entonces fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, dictó una instrucción en la que ordenaba tramitar como delito de atentado, y no como falta, las agresiones a empleados de la administración.