Anticorrupción investiga a la exdirectora de la CAM

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido investigar de oficio la gestión realizada por la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, ante la posibilidad de que hubiera incurrido en un delito penal. Según informaron a EFE fuentes jurídicas, la investigación se abrió la semana pasada tras conocerse algunos detalles sobre las remuneraciones que percibía la máxima ejecutiva de la caja alicantina, que fue intervenida por el Banco de España el pasado mes de julio.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a los actuales interventores del Banco de España información sobre las causas que motivaron el cese y despido de Amorós, por si fueran constitutivas de delito. Amorós fue sometida a un despido disciplinario el pasado 28 de septiembre tras conocerse algunos detalles de su gestión al frente de la caja, por la que obtenía una retribución anual de 593.040 euros anuales.

Los administradores consideran que era cuando menos «reprobable» la gestión de Amorós, a la que acusan de buscar el beneficio propio, falsear las cuentas y realizar una gestión deficiente mientras ocupó el cargo de directora general. Le acusan, además, de pactar con el expresidente de la caja Modesto Crespo una pensión vitalicia de 369.497 euros por ejercicio, con una revalorización del 2 % anual desde su jubilación.

Para calcular esa cuantía se usó como base su sueldo de directora general, antes de que este cargo fuera ratificado por la Asamblea de la caja, y no la retribución fija de los tres años anteriores como había acordado el consejo de administración de la entidad. Amorós negó la pasada semana haber cometido irregularidad alguna, y «mucho menos de forma ilegal», durante sus años en la caja alicantina, al tiempo que destacó que su actuación fue siempre «leal, recta, transparente y ajustada a derecho».

El diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, remitió la semana pasada una carta al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, en la que le reclamaba que la Fiscalía Anticorrupción abriera «de oficio» una investigación sobre la actuación de los exdirectivos de la Caja de Ahorros de Mediterráneo para sustanciar las responsabilidades de hubiera lugar por haber actuado «sin escrúpulos» lucrándose cuando la entidad estaba «en plena ruina».

En su misiva, Llamazares recordaba que, de los 7.551 millones de euros que el Estado ha inyectado en el proceso de recapitalización de las cajas, 2.800 millones fueron a parar a la CAM, cuya gestión, según el propio gobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordóñez, fue «lo peor de lo peor». Al parecer, Conde Pumpido le ha hecho caso.

Protesta sindical

Horas antes de conocerse la apertura de esta investigación, representantes de los sindicatos CC OO, UGT, SICAM y CiC se concentraron ante la sede del Banco de España para solicitar que se incluya en el cuaderno de venta de la CAM un compromiso de mantenimiento del empleo y de la obra social.

Algo más de 200 delegados sindicales pidieron al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que se comprometa con los empleos de la entidad. El secretario general de SICAM, Manuel Navarro, expresó el malestar de su sindicato, el mayoritario en la CAM , con las declaraciones de Fernández Ordóñez en las que declaró que «la CAM es lo peor de lo peor», y las calificó como «irresponsables».

La CAM, intervenida el pasado mes de julio por el Banco de España y que se encuentra en proceso de adjudicación, cuenta con unos 6.000 trabajadores, un número que los sindicatos temen que se reduzca si se lleva a cabo un ajuste de plantilla tras su venta. Las ofertas para hacerse con la caja alicantina ya fueron presentadas la semana pasada ante el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que debe ahora estudiarlas.